El exhorto del PRI y el PAN del martes, más el clamor en su contra que seguramente surgiría de las protestas en las plazas del país indicaban, entre otros factores, que el miércoles era un buen día para que el gobernador Ángel Aguirre pidiera licencia y se marchara.

Pero Aguirre y los incondicionales que le quedaban pensaron que, atrincherándose con el maniqueo discurso de que los guerrerenses los defenderían del “linchamiento que se orquestaba en la Ciudad de México”, podrían sortear la crisis que, inexorablemente, se detonaría el sábado 26, al cumplirse un mes de la noche siniestra de Iguala y los 43 desaparecidos.

Ayer se impuso la lógica. Un gobernador repudiado por las víctimas, apestado en los foros, que había roto con el gobierno federal y carecía de fuerza para hacer alianzas siquiera en el PRD, no duraría en el cargo. Pudo haber pedido licencia el miércoles. La pidió el jueves. Adiós. Aunque para él esta historia apenas comienza. La noche de Iguala lo perseguirá por el resto de sus días.

Hay 100 ángulos para continuar el análisis y jugar a la prospectiva. Me limito a pensar que la espantosa caída de Aguirre es una señal grave para los gobernadores omisos en la lucha contra la criminalidad. Los que hacen como que no ven. La fatalidad puede tocarlos en cualquier momento.

Lo que los presidentes Calderón y Peña Nieto no consiguieron por las buenas, Iguala y Ayotzinapa lo estarían imponiendo con esta secuencia de hechos infernales: obligarlos a estar en la primera línea de la batalla en defensa de sus gobernados.
Nunca más volver a cerrar los ojos ante los criminales.