Con el visto bueno del Secretario de la Gestión Pública, Rafael del Pozo Dergal, una modesta empleada chetumaleña fue despedida precipitadamente –maniobra que indignaría al mismo Donald Trump– violando sus derechos humanos y con un trato discriminatorio y tan humillante, por lo que presentó una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo (Cdheqroo).

El pasado 31 de enero, la indiscreta empleada comentó en horas de trabajo que el Subsecretario de Asuntos Jurídicos, Francisco Javier Villareal Escobedo, subió a la red un video en el que comenta las razones por las que no pudo ser elegido consejero del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO).

El chisme llegó a oídos del Secretario de la Gestión Pública, quien llamó a su oficina a la empleada para reclamarle, advirtiéndole que el ofendido podría demandarla por lo que había dicho en su círculo laboral.

De inmediato Rafael del Pozo le advirtió que su destino laboral quedaba en manos del Subsecretario Villareal Escobedo y de su jefa inmediata, Susana Ortiz González, quien en 10 minutos le comunicó que el Subsecretario de Asuntos Jurídicos había decidido que debía presentar sus documentos de entrega recepción y su renuncia, a la voz de ya.

Otro empleado que participó en el chisme fue despedido, y tuvo fue firmar su renuncia dominado por el temor a sus superiores.
Tipos como Rafael del Pozo se niegan a comprender que la prepotencia de altos vuelos es un comportamiento no sólo inaceptable, sino suicida. Recordemos que la reingeniería inyectada por el gobernador Roberto Borge condenó al PRI a la peor derrota en toda la historia de Quintana Roo.

Tratar con la punta del pie a una empleada chetumaleña y despedirla como al peor de los delincuentes, es una maniobra que refleja la podredumbre moral de altos mandos como Rafael del Pozo, quien tiene que comprender que Quintana Roo dio la espalda a este tipo de comportamientos, habituales ejércitos vencedores que pisotean a los vencidos.

La empleada no ha firmado su renuncia y el pasado dos de febrero acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a presentar una queja contra Rafael del Pozo Dergal (Secretario de la Gestión Pública) y Francisco Javier Villarreal Escobedo, Subsecretario de Asuntos Jurídicos.

Inaceptable que los conflictos laborales sean detonados en las entrañas del gobierno, y es obligada la intervención de la fantasmal Secretaria del Trabajo, Catalina Portillo Navarro.