Los problemas de México son tan recurrentes como insolubles: la pobreza, en primerísimo lugar; la inseguridad, en un segundísimo puesto que disputa al otro la supremacía entre las prioridades nacionales; y, luego, todos los demás: la mala educación pública, el pobre crecimiento económico, la corrupción, la falta de civismo de los ciudadanos, el fracaso en la trasmisión de valores, el terrorífico deterioro del medio ambiente, el agotamiento de los mantos acuíferos, el crecimiento anárquico de las poblaciones urbanas, el cínico comportamiento de los grupos corporativistas, la desastrosa administración de la justicia, la ofensiva desigualdad social, el burocratismo, la nefasta demagogia de nuestros gobernantes, la impunidad, la falta de trasparencia, el rezago en la construcción de infraestructuras, la escandalosa actuación de los grupos monopólicos, etcétera, etcétera, etcétera…

¿Por dónde empezamos? La tarea de los gobernantes, en este sentido, es colosalmente complicada. El gran problema, sin embargo, es que nuestras autoridades no han tenido la entereza de tomar ciertas decisiones que, por lo pronto, podrían propiciar el comienzo de un cambio global en los usos y costumbres del supremo gobierno y, en consecuencia, una verdadera trasformación en la vida nacional.

La más desalentadora muestra —a estas alturas de una transición democrática que no representó una verdadera cruzada para combatir los antiguos vicios sino una mera adaptación a las prácticas de siempre (los gobiernos del PAN no hicieron otra cosa que perpetuar los trasnochados modos del antiguo régimen y, en este sentido, significaron una descomunal decepción para los ciudadanos)— es esa incapacidad que tienen algunos gobiernos estatales para enfrentar legalmente a los grupos que vulneran abiertamente el orden público y afectan la vida económica de sus comunidades.

Los empresarios de Acapulco han terminado por interponer una demanda a los líderes de la CETEG (Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero) por los perjuicios que los maestros provocaron al bloquear la autopista del Sol. Pero esta acción, por más que significa una saludable respuesta de un sector social al abusivo comportamiento de un grupo, hubiera debido ser primeramente prevenida por unos organismos del Estado obligados a actuar, desde el momento en que se alterara el orden público, para solucionar las afectaciones a terceros. Así de simple.

Oaxaca y Guerrero se encuentran en los últimos puestos de desarrollo humano y competitividad de este país. Esto, al parecer, no les quita el sueño a sus respectivos gobernadores. Lo que les angustia es la extorsión y las amenazas. No de los empresarios, desde luego, sino de esos maestros que pueden cerrar calles, carreteras, centros comerciales, aeropuertos y oficinas gubernamentales. Estos mandatarios acobardados son los últimos que van a poder trasformar este país.