Si el arraigo ministerial a que está sujeto el ex secretario de Gobierno y ex gobernador interino de Michoacán José Jesús Reyna García, como afirma uno de los más visibles dirigentes de las autodefensas, José Manuel Mireles, es resultado de un “arreglo” entre los grupos de civiles armados y la Federación, se estaría frente a una escalofriante “estrategia”, mucho más parecida a un programa de complacencias que a la procuración de justicia en un Estado de derecho. 

Por fortuna para la PGR, el hombre a quien el gobernador Fausto Vallejo le tenía más confianza forma parte de una averiguación previa que tiene como sustento no solamente los dichos de sus detractores libertarios ni los señalamientos que le hace también la senadora panista Luisa María Calderón, sino los indicios recabados en los días previos a la detección y abatimiento del templario Enrique Plancarte.

Quien le conseguía identificaciones falsas, teléfonos y vehículos, identificado como Luis Fernando Vázquez Díaz o Manuel Gutiérrez Mecinas, El Many, guardaba no solo el NIP de Plancarte, sino datos clave (al parecer en una computadora portátil) que solidificaron las presunciones contra Reyna de tener nexos con los Templarios.

Por delincuencia organizada, delitos contra la salud y posesión ilegal de armas, El Many fue consignado en el Cereso 3 de Matamoros, Tamaulipas, y fue a partir de sus declaraciones que el MP federal consideró que había elementos para, primero, citar a declarar a Reyna, y de inmediato solicitar a un juez federal arraigo por 40 días.

José Jesús Reyna ya había sido mencionado en algunas indagatorias de la Seido contra la banda en que devino La Familia michoacana. 

Junto con “el gobernador interino, que es uno de los templarios, muchos de los presidentes municipales y de la Policía en el estado y los ministerios públicos son parte del crimen organizado”, afirmó en julio del año pasado el autodefensa Mireles.

En el gobierno federal crece la convicción de que, efectivamente, el ex secretario de Gobierno sostuvo reuniones con Servando Gómez Martínez, La Tuta (prófugo aún), y Nazario El Chayo Moreno (abatido por la Armada).

No obstante lo anterior, la presunción de inocencia es derecho de todo probable delincuente, y en el caso de José Jesús Reyna adquiere una relevancia de primer orden: casi seis meses fungió como gobernador de Michoacán y sostuvo con la Federación y los secretarios de Estado una relación institucional y personal tan explicable como insoslayable. 

Asalta la inquietud: ¿cuánto acuerdo sobre seguridad, inseguridad o combate a la delincuencia que como secretario de gobierno y gobernador interino suscribió en ese tiempo, lo hacía del conocimiento de la banda criminal?

El gobernador Vallejo, al separar a Reyna de su cargo, no resistió reconocer que su segundo en el mando se venía “desempeñando como un colaborador eficiente…”.

¿Puede un servidor público desempeñarse con eficiencia y al mismo tiempo formar parte de una pandilla de secuestradores, traficantes, extorsionadores, y degolladores…?