De entre todos los festejos por el inicio de la lucha por la Independencia, el más trascendental fue dado por los insurrectos maestros de Chiapas cuando en la tradicional noche del 15, en su asamblea estatal, anunciaron poner fin a su paro de labores que se extendió por más de 120 días. Al igual que en otros actos oficiales, donde hubo diferencias, también se observó la división de opiniones entre los aguerridos maestros de la sección 7, pues, mientras unos 266 votaron por regresar a clases, otros 191 insistían seguir en pie de lucha hasta la muerte, acusando a sus líderes de vender el movimiento. Previamente, otra parte de los insurgentes, agrupados en la sección 40, habían decidido iniciar labores a partir de esta semana. Así, con esta salomónica decisión, un millón 700 mil alumnos y unos 80 mil maestros del sistema de Educación Básica  regresaron a clases desde el lunes pasado. 

El costo político de esta revuelta le salió muy alto al Gobierno Federal, ya que, aunque no lo reconozcan, la “concertacesión” deja ver el desvanecimiento de cargos contra los líderes del movimiento magisterial y la decapitación política de un presidenciable. Además, suma miles de millones de pesos el cálculo de los daños materiales, tanto a particulares como en inmuebles pertenecientes a instituciones de los estados afectados. Se espera también ajustes a la reforma educativa a fin de mantener la calma política en la recta final del sexenio, como muestra la suspensión de la evaluación docente en este año. Al final, se puede decir que algunos grupos políticos se salieron con la suya a expensas de los derechos de millones de niños de Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

Con la tregua ya declarada, Sylvia Schmelkes, consejera presidenta del INEE, reconociendo fallas en la forma en que se desarrollaron los procesos y se aplicaron los instrumentos de la pasada evaluación, presentó a los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados el replanteamiento del modelo de evaluación del desempeño docente, proponiendo que la evaluación prevista para 2017 tenga lugar en la escuela y esté vinculada a su contexto real. Ahora consideran tres etapas: Informe de responsabilidades profesionales, Proyecto de enseñanza (planeación didáctica) y el Examen de conocimientos pedagógicos y curriculares.