Insatisfechos con la generosa porción del presupuesto que derrochan año con año, el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) y el Tribunal Electoral local (Teqroo) están empecinados en robustecer sus arcas para 2017 utilizando diferentes estrategias con la intención de presionar a los diputados para que los dejen servirse con la cuchara grande.

Tanto la titular del Ieqroo, Mayra San Román Carrillo Medina, como el magistrado presidente del Teqroo, Víctor Vivas Vivas, han plantado férrea defensa de sus respectivos proyectos de egresos con argumentos apolillados que se derrumban ante el menor de los escrutinios.

Y es que 2017 no es año electoral, lo que se traduce como un periodo casi vacacional para los altos burócratas de los organismos electorales, que se dedican a llenar el tiempo con programitas insulsos y concursos diversos con el idealista propósito de “fortalecer la cultura democrática”, aunque dichos proyectos son un fracaso.

Aún así, la presidenta del Ieqroo solicitó en su proyecto de egresos una ampliación de poco más de 10 millones de pesos para el próximo año, con el pretexto de que empezarán a trabajar en las elecciones concurrentes de 2018.

En 2016 el Ieqroo se embolsó 127 millones 321 mil 261 pesos, de los cuales 52 millones 644 mil pesos fueron para cubrir las prerrogativas de los partidos políticos. Para tener un próspero año nuevo, pretenden ahora que el Congreso dé el visto bueno a su presupuesto estimado de 137 millones 510 mil 697 pesos.

En el Teqroo, Víctor Vivas entregó el mes pasado un proyecto presupuestal por 36 millones 700 mil pesos para 2017, casi 6 millones más que este año –que sí fue electoral– en el que gastaron un presupuesto de 31 millones de pesos.

En el Congreso local dominado por la alianza PAN-PRD los presupuestos de estos organismos, a los que en su momento calificaron como “parciales” a favor del PRI, no fueron bien recibidos y podrían ser castigados a la hora del reparto.

Ante esto, Víctor Vivas lanzó un amague de que, en caso de que no le autoricen al Teqroo su aumento presupuestal del 20 por ciento, empezarán a despedir empleados, porque una reducción de los abultados sueldos, compensaciones y viáticos de los magistrados y directivos del Tribunal es impensable.

El forcejeo entre los titulares de los órganos electorales y los legisladores encargados de autorizar el presupuesto está en el último round, y en unos días se sabrá si seguirán engordando las cajas fuertes de estas inoperantes dependencias que resucitan por cortas temporadas..