El Congreso del Estado no debe eludir en esta ocasión la tarea básica de efectuar la glosa del tercer informe del gobernador Roberto Borge Angulo, quien este martes nueve de septiembre cumplirá con esta obligación constitucional, prácticamente en la cúspide de su mandato.

Más allá del acontecimiento anual y las notas de color y el aplausómetro que tanto destacarán algunos medios de comunicación –e interesa sobre todo a la clase política local–, debe interesar el día después en los dominios de un Poder Legislativo que el año pasado se olvidó de efectuar la glosa del segundo informe, un paso obligado para los diputados de todas las bancadas.

En el equipo del gobernador hay colaboradores que han sido exigidos al máximo, o que no han marchado al ritmo que marca el primer priísta del estado. Están ahí, lidiando con problemas cuya carga explosiva no disminuye, como son los casos del procurador de Justicia, Gaspar Armando García Torres, y del encargado de Despacho de Seguridad Pública, Juan Pedro Mercader Rodríguez.

Por ejemplo, la Procuraduría tiene dos casos pendientes y de alto impacto político y social:

La detención del autor intelectual del homicidio del regidor petista en el ayuntamiento capitalino, Marco Antonio May Molina. El crimen con arma blanca ocurrió el 21 de marzo pasado y tan sólo hay dos asesinos confesos, por lo que la tarea del procurador está a medias.

A mediados de septiembre de 2013 en un asentamiento irregular fueron encontrados los cadáveres del arquitecto chetumaleño Octavio Augusto Góngora Jiménez, y de su pareja,  Arena del Rocío Palacios Valdez, quien estaba embarazada. Ambos fueron ejecutados con arma de fuego y sus familiares han clamado justicia inútilmente.

En cuando a Seguridad Pública, la oleada delictiva está en su apogeo y no se ha sentido la mano de Mercader Rodríguez, aunque hay que admitir que el área soporta permanentes golpes delictivos que no pueden ser desactivados por arte de magia.

En la lista de funcionarios con encomiendas de mayor impacto social destaca José Alberto Alonso Ovando (titular de Educación y Cultura), quien encabeza una de las dependencias con mayor grado de complejidad, aunque en su caso la cultura ha sido descuidada del todo.

En Turismo, la ex diputada cancunense Laura Lynn Fernández Piña tiene mucho qué explicar de este rubro vital para la buena marcha de Quintana Roo. En fin, muchos funcionarios comparecerían ante los diputados locales, en caso de que haya glosa del informe en esta ocasión.

¿Estarán por fin nuestros diputados a la altura de las exigencias? Pronto se despejará la 

Cacería de automovilistas

Enorme indignación ha circulado entre los automovilistas capitalinos por la amenaza de las autoridades de Seguridad Pública de iniciar una “cacería” contra los vehículos que cuenten con cristales polarizados y no porten un permiso creado a modo. El objetivo evidente: exprimir aún más los bolsillos de los ciudadanos.

Y es que a todas luces, esta severa medida que pretende implementar el encargado de Despacho de la SSP, Juan Pedro Mercader Rodríguez, tiene como propósito el generar mayor ingreso de recursos económicos para la dependencia, a costa de cobrarles un impuesto de lujo a aquellos conductores que deciden polarizar los cristales de su vehículo.

En Chetumal, el polarizado se utiliza para enfrentar las intensas temperaturas ya que filtran los rayos solares y disminuyen el calor en el interior de los vehículos, permitiendo un mejor funcionamiento del aire acondicionado o mayor eficiencia en la ventilación, además de que protege los interiores del vehículo.

Conscientes de esta necesidad, a la Dirección de Tránsito dependiente de la SSP impusieron desde hace mucho un pago de 771 pesos por un permiso para polarizar los vidrios de los carros, sin embargo al tener un costo abusivo casi ningún propietario decidió pagar un cargo extra por realizar una modificación menor en sus vehículos.

“No se entiende por qué quieren cobrar tanto, y a la fuerza, ya que los carros son nuestra propiedad y pagamos por ellos, además de que pagamos el emplacado, los permisos de circulación, la licencia, etc. Ahora resulta que al rato van a querer cobrar por permisos para pintar el carro e rojo, o de negro, o por ponerle llantas de carreras, o por lo que se les ocurra”, escribió uno de tantos chetumaleños en las redes sociales, indignado por la situación.

Y su argumento es bastante razonable, ya que el pretexto de que empezarán a cazar a los dueños de vehículos polarizados “para inhibir que estos sean utilizados para cometer actos delictivos” es francamente absurdo.

En realidad, ninguna de las estrategias emprendidas por la Policía Estatal desde que asumió el mando Mercader Rodríguez ha logrado disminuir la ola de robos y asaltos, pero si ha llenado las arcas de la dependencia con los operativos en contra de motociclistas, taxistas, y ahora contra los carros polarizado, gracias a las desproporcionadas multas equivalentes a varios días de salario mínimo.

Lo paradójico es que este tipo de operativos no sólo no causa ningún efecto en la delincuencia, sino que por otro lado fomenta la corrupción, ya que los agentes de Tránsito tendrán ahora un pretexto para detener a cualquier auto con polarizado y, si no cuenta con el permiso correspondiente, propinar la tradicional “mordida”.

Si se pretende abatir la delincuencia, este no es el camino.

Viacrucis en centros de salud

Los servicios de salud que prestan las clínicas y hospitales públicos en el Estado se han convertido en un verdadero viacrucis, pero el problema toma tintes dramáticos cuando se trata de personas que viven en las comunidades rurales, quienes no tienen derecho de enfermarse los fines de semana.

Según una nota periodística firmada por nuestro compañero Javier Ortiz hace unos días, los habitantes de la comunidad Buena Esperanza, municipio de Bacalar, sólo pueden recibir atención médica de lunes a viernes hasta las tres de la tarde; tienen prohibido enfermarse sábados o domingos (a quién se le ocurre también), y si lo hacen, deberán pagar las consecuencias. 

El problema es ya recurrente en todas las comunidades rurales del Estado, donde ocupan a un pasante de médico y una enfermera que sólo sirven para recetar paracetamol si alguien tiene fiebre. Supuestamente, los servicios de salud públicos deben ser una solución para los quintanarroenses que no tienen dinero para pagar un servicio médico particular, pero en muchos casos eso sólo queda en letra muerta.

Si en las zonas urbanas el servicio médico es deficiente, en las rurales la situación se convierte en un verdadero martirio para los pobladores, que de por sí, en muchos otros servicios están alejados de la mano de Dios. La Secretaría de Salud tiene un gran pendiente con los habitantes de las regiones rurales y es hora de que comience a tomar decisiones para solucionar la falta de atención médica.

El problema no queda ahí, porque si una persona se enferma y no encuentra al médico en su comunidad, como en el caso de Buena Esperanza, debe acudir a la cabecera municipal que se encuentra muy apartada, para lo cual tiene que pagar transporte de ida y vuelta, representando un gasto de al menos 500 pesos.

Tal parece que para las autoridades de salud existen ciudadanos de primera y ciudadanos de tercera; porque de otra manera no se entienden las razones por las que los habitantes de las comunidades rurales están desprotegidos los fines de semana, como si las enfermedades tuvieran palabra de honor y sólo aparecieran cuando hay algún médico en el poblado.

Es tiempo de que comiencen a buscar alternativas viables para evitar que los pobladores de la zona rural sigan padeciendo la falta de servicios médicos los fines de semana, sean estos buenos, regulares o malos, pero que al menos se vea el interés de no dejarlos a su suerte como hasta

De mi cuenta de Facebook

El video del segundo periodista estadounidense decapitado por terroristas del Estado Islámico en Siria vaya que conmociona e indigna al mundo, ya que se cercena la existencia de hombres caídos en el cumplimiento de un deber que les apasiona.

Mi reflexión llega al odioso terreno de las comparaciones, ya que Estados Unidos es colocado en jaque por los periodistas ejecutados en el extranjero, mientras en México se mata como perros a decenas a periodistas sin que el gobierno de mi país reaccione pasando a la acción efectiva, a menos que su concepto de acción sean las obligadas y hasta hipócritas esquelas y condolencias de rigor, quedando inmóvil desde el primer segundo.

En nuestro país hay asesinos que matan a los periodistas como los terroristas del Estado Islámico en Siria. La única diferencia es que aquí no difunden videos y, lo que es peor, nos hemos acostumbrado a las ejecuciones de nuestros compañeros, ocurridas al por mayor como en una zona de guerra.

El cenote de cocodrilo dorado

La difusión de los atractivos turísticos es deficiente en extremo en el sur del estado. Un ejemplo concreto: la ubicación del cenote del cocodrilo dorado. Y es que tan sólo a la entrada de la localidad de Ucúm (en el municipio capitalino de Othón P. Blanco) hay un letrero, pero este no precisa la ubicación de esta maravilla de la naturaleza.

Y si avanzas por la región no hay la mínima pista de tal cenote.