Un hecho macabro cimbró al ámbito educativo en Solidaridad la semana pasada. 
Según alumnas de la secundaria número 10 “Ignacio Zaragoza”, el maestro José Luis Chablé las chantajeaba sexualmente para no reprobarlas, y logró abusar de una del tercer grado.
 
La Procuraduría de Justicia recaba elementos para tipificar el delito, pero el acusado no aparece. Es inadmisible que sigan ocurriendo estas aberraciones. Con frecuencia se “justifican” por falta de presupuesto, pero la realidad es que no es así. Durante la administración de Mauricio Góngora Escalante se ha dotado a los planteles con domos deportivos y otras atenciones básicas. Además se ha puesto vigilancia exterior, aunque claramente no ha sido suficiente porque el delito se comete en las aulas, donde se supone los menores están seguros. 

La aparente falta de presupuesto y de seguridad no son las causas de un problema que, incluso, es vista y callada por todos. El problema es que se oculta, lo cual permite que los abusadores queden impunes. Esto ocurría con el profesor de Química, hasta que las víctimas decidieron gritar por auxilio. Es un asunto valórico, de control, y no de infraestructura.

La sociedad era renuente a encarar el abuso hasta hace algunas décadas, y si bien hoy se considera un asunto serio, no se atiende adecuadamente. “Estamos acostumbrados a tapar el pozo después del niño ahogado”, ha dicho la regidora Laura Beristáin Navarrete, una de las voces más críticas de las deficiencias del sistema educacional. 

En particular, urge que en los planteles exista un cumplimiento de asistencia regular de los docentes, así como apoyo de trabajo social y sicológico, ya que alumnos y maestros son vulnerables ante situaciones de acoso y agresiones de otro tipo, como el bullying.

Hay que velar por la seguridad de los educandos y de los educadores. Resultaría conveniente que, así como a las fuerzas públicas se les aplica exámenes de confianza, los maestros fueran sometidos a un procedimiento similar, aunado a los controles de aptitud intelectual, porque trabajan directamente con niños y jóvenes, que son el presente y futuro del país.

Es también un tema de voluntad política de los tres niveles de gobierno. La perredista explica para redondear una idea que incomoda: “Quintana Roo tiene listo un marco jurídico que busca prevenir todo este tipo de agresiones, tanto físicas, como sexuales y emocionales. La iniciativa aprobada en 2013 por el Congreso local, promovida por el PRI, se ha quedado en letra muerta pese al avance legislativo, y eso no beneficia”.

Es importante iniciar una campaña preventiva basada en la ley antibullying aprobada. Laura Beristáin propone, de manera específica, la asignación de un psicólogo y una trabajadora social por plantel, tanto privado como público, para que atiendan a los alumnos, maestros y padres de familia.

Mientras más información tengamos, mejor preparados estaremos para prevenir el abuso y proteger a todos los integrantes del plantel, por eso es importante no solapar los actos deshonestos, la impunidad ni el influyentismo.

Es cierto, urge una perspectiva con enfoque de educación sexual, con asesoría de psicólogos que deben establecerse en las escuelas. 

Es necesario desarrollar campañas permanentes de asesoría y que se involucre a la familia en estos temas. 

La gente debe saber cómo, cuándo y a dónde acudir a denunciar, para que estas acciones no queden impunes.

No hay que emprender una “cacería de brujas”, porque la mayoría de los docentes están dedicados a su trabajo, son honestos, pero se debe poner atención para prevenir más aberraciones. Detectar a tiempo facilitaría corregir inmediatamente.

El abuso sexual deja graves secuelas psicológicas, y lo mejor es prevenirlo con acciones contundentes.