Se acabó la luna de miel, ya pasó el primer mes de ejercicio del gobierno del cambio y los antagonistas de Carlos Joaquín González intensifican sus dentelladas oposicionistas. Primero, lo acusaron de lentitud en la asignación de cargos, lo que más bien, al parecer, fue un cuidado minucioso en la selección de perfiles para los puestos claves. Ahora el señalamiento es por despidos “masivos” de burócratas estatales, lo que no deja de ser un despropósito, una perversa hipérbole con fines políticos. La cantidad de cambios es en verdad mínima.

No hay nada nuevo bajo el sol: los enemigos de Roberto Borge Angulo --muchos de los cuales hoy están en el poder y otros que son malqueridos tanto de dios como del diablo, siguen supurando pus-- lo acosaron durante cinco años con cinco meses en medios hostiles y sobre todo en redes sociales. Los otrora entronizados han asumido ese papel con singular alegría y ahora critican a Joaquín a la menor provocación, y así será durante seis largos años.

Mas desde estos primeros escarceos el gobernador y su gabinete están marcando una diferencia que será fundamental: a diferencia de la administración de su antecesor, que con o sin culpa mantenía el ostracismo y si respondía era través del golpeteo mediático, para sortear estos primeros escarceos el gabinete joaquinista está respondiendo nada más y nada menos que con transparencia, palabra clave –otra es fue corrupción– durante la campaña que llevó a Carlos Joaquín a la gubernatura. Salir, dar la cara y contestar a las acusaciones con pelos y señales es muy distinto y mucho mejor estrategia que enconcharse con amarguras y reaccionar al veneno prodigando ponzoña.

Verbigracia: el secretario de Finanzas y Planeación Juan Vergara Fernández ante el petate del muerto de los despidos masivos --casi casi dibujaron un horno de Auschwits alimentado con miles de trabajadores estatales-- dio la cara a la opinión pública y aseguró que tras una minuciosa revisión de la plantilla de recursos humanos se determinó que las bajas ascienden hasta ahora a 194 trabajadores. Poco después el jefe de toda la burocracia, el oficial mayor Manuel Alamilla Ceballos, confirmó el dato. Esto en un universo de seis mil 84 trabajadores de base y de más de 15 mil empleados estatales en general es poco significativo, por trágico que resulte para cada familia afectada.

Pero hay algo más: la cantidad de bajas en un periodo similar de las dos administraciones precedentes fue mayor en cada caso.

Es natural que un cambio de gobierno, sin importar su origen partidista, conlleve relevos en alguna cantidad de puestos clave.

La diferencia es que los nuevos funcionarios dan la cara.