La pausa real o virtual del cierre de año es propicia para el balance con miras a lo que viene. Todos de alguna manera lo hacen.

La realidad de ahora es de un poder acotado. Los espacios de eficacia propia se achican frente a los de otros. Peña Nieto y su equipo lo advirtieron antes del inicio. Al avalar la iniciativa de reforma laboral del ex presidente Calderón se construyó una nueva relación con la oposición. Se logró lo que desde 1997 se perdió: capacidad para realizar reformas trascendentes para el país.

Los intereses afectados por los cambios no apostaron al debate, tampoco actuaron para contener los cambios a la Constitución, su encubierta resistencia se dirigió al proceso legislativo ordinario y, particularmente, a la aplicación de la norma.

Para ello era menester un Presidente débil y un equipo igualmente frágil. El deterioro en las variables de credibilidad y confianza actuales pasan por esto. El reclamo al Presidente por la inseguridad es genuino, pero la embestida se ha direccionado para debilitar al gobernante y a las instituciones. Los manifestantes de aquí y allá, seguramente sin pretenderlo, se han vuelto instrumento precisamente de lo que quieren combatir: privilegios e impunidad.

Esto plantea dos asuntos polémicos: no puede haber ajuste en el equipo a solicitud y medida de quienes pretenden un gobierno sometido; los habrá para fortalecer no para debilitar. Otro tema serían los efectos por reconocimiento público de falla o culpa.

El nuevo grupo gobernante fue exitoso en lo más y subestimó lo menos. La política privilegió a los actores formales y por eso se alcanzaron las reformas, pero no atendió el ámbito social y la comunicación con la población, por ello los cambios no han cobrado ascendente y también explica que la calificación presidencial fuera más elevada en el círculo rojo que en la base social.

También ha habido descuido sobre la capacidad de escrutinio de la sociedad y de los medios. Esto obliga al gobierno a reflejos rápidos y respuestas eficaces en forma y fondo.

Será necesario que el Presidente en soledad reflexione sobre la situación actual y más que ello en lo que deberán ser los próximos cuatro años. La hoja de ruta obliga a determinar prioridades, identificar con claridad retos y riesgos, así como los objetivos y los medios para alcanzarlos. Reorganizar al gobierno es conveniente recomendación, como lo señalara Juan Gabriel Valencia ayer en MILENIO.

La inseguridad ya no es tema aislado como en la anterior administración, ahora se asocia a la justicia, la impunidad y la corrupción. Reducir o privilegiar las respuestas al ámbito policiaco es insuficiente, aunque imprescindible y eso no se resuelve con la centralización de mando, eficaz, quizá, para el combate al crimen organizado, pero contraproducente para luchar contra el delito cotidiano; la policía de proximidad social debe ser parte de la solución y su ámbito es el gobierno estatal y municipal.

Más allá de tiempo, se requieren carretadas de dinero para que existan policías a la altura del reto.

La corrupción ha cobrado lugar privilegiado en la exigencia por un mejor gobierno. El Presidente debe recuperar la iniciativa en la definición de leyes e instituciones, también en el ejemplo y someter a disciplina a quienes trabajan en su gobierno, especialmente los que ocupan los cargos más elevados o de mayor cercanía. La auditoria y el control riguroso deben venir de la Presidencia; se requieren acciones ejemplares para revertir la imagen negativa que pesa sobre la actual administración.

La economía debe estar en el centro de la atención. Cambiaron las premisas; ahora hay espacios inéditos de inversión y participación privada nacional y extranjera, pero la baja en los precios del petróleo conlleva la ralentización de algunos de los grandes proyectos.

Disminución de ingresos petroleros agrava la de por sí situación crítica de Pemex. A contrapelo del sector minero, el agropecuario y la construcción han mostrado vitalidad. Persistir en la promoción de la inversión privada es obligado y también en la modernización de la regulación para dar vigencia y eficacia a la economía de mercado.

2015 será un año político inédito. Así es por las nuevas reglas e instituciones electorales, también por la concurrencia de comicios locales con los federales en casi dos terceras partes del espacio electoral. Lo fundamental es que las elecciones tengan lugar en orden, con apego a las normas y sean concurridas. Es legítimo que un gobierno aspire a una forma de ratificación de mandato con la votación por su partido.

El PRI cierra filas para seleccionar candidatos; deberán ser afines al proyecto en curso y también competitivos, especialmente los de cargos ejecutivos. Las definiciones presidenciales deberán tener presente que en los próximos meses se define lo que será el destino de su gobierno y, en buena parte, el del país.