La noticia de que Mérida tiene en proyecto más de 20,000 nuevas viviendas, en espacios originalmente mal comunicados, no puede más que crear preocupación, ya que carecemos de los programas de desarrollo urbano a largo plazo que aseguren la integración física y social de la población en estructuras urbanas de conectividad y servicios, lo que es una estrategia fundamental para impulsar la cohesión social y el desarrollo. 

Hoy día Mérida se enfrenta no sólo a la necesidad de controlar su desbordado crecimiento, sino también al aprovechamiento de miles de predios abandonados, que con el paso de los años se han convertido en islas deterioradas rodeadas de ciudad.

Sin embargo, la existencia de estos espacios de abandono adquiere una mayor relevancia cuando muchos de estos predios son ocupados informalmente por grupos sociales desfavorecidos. Por lo tanto, la revitalización de áreas urbanas deterioradas exige un programa integral, con una intensa participación ciudadana, en procesos en los que el componente social tiene una relevancia fundamental. 

Para asimilar este desbordado crecimiento nuestra ciudad no cuenta con un verdadero programa de desarrollo urbano integral que establezca las condicionantes de infraestructura vial que deben cumplir los nuevos desarrollos habitacionales, a fin de asegurar su adecuada conectividad, enmarcada por un proyecto integral de logística. Y es que un programa de desarrollo urbano debe ser un plan que proponga, no que trate de corregir como el nuestro, es decir, se debe prever en las áreas de crecimiento programadas la satisfacción previa de todas las necesidades de infraestructura, equipamiento y servicios, dando especial énfasis a su conectividad, con el propósito de proveer comunicación, seguridad y cercanía.

Quisiera enfatizar que un verdadero programa de desarrollo urbano debe incluir de manera ordenada todas las actividades y equipamientos, aprovechando adecuadamente su localización, sin hacer a un lado el análisis y prevención de riesgos en el ordenamiento territorial, a fin de prever y mitigar cualquier impacto ambiental, asegurando la protección del medio ambiente. Necesitamos un verdadero Plan Director con una vigencia de cuando menos 20 años.