Manuel Huerta Ladrón de Guevara, diputado federal por el PT, propuso el jueves que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fije a los diputados la fecha de un periodo extraordinario para que designen al consejero que hace falta desde hace cinco meses en el Instituto Federal Electoral.

En dos ocasiones y por unanimidad, los siete magistrados han insistido en la obligación de la Cámara de Diputados de hacer el nombramiento, a fin de salvaguardar el derecho de la sociedad a un instituto íntegramente conformado. Por estar en receso el Poder Legislativo, los integrantes de la Comisión Permanente pretextan indisposición diputadil para no convocar a un periodo extraordinario y se acate una sentencia constitucionalmente inapelable.

A diferencia del coordinador priista Manlio Fabio Beltrones, Huerta cree que los magistrados carecen de facultades para nombrar al consejero, y pidió al Tribunal dictar, pero ya, medidas de apercibimiento.

“Debería amonestar a los responsables de no convocar y, si no cumplen, sería ya desacato y el propio tribunal tendría que proceder penalmente. Lo que estamos pidiendo es muy sencillo: convóquese al periodo extraordinario, cumplamos la ley, no violentemos la Constitución y evidentemente, si no hay acuerdo, se repone el procedimiento, pero ya le estamos dando respuesta a los ciudadanos que concursaron por ser consejeros electorales y al pueblo de México”, dijo el petista.

José Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal, argumentó: “No estamos usurpando una función o haciendo algo que no esté en nuestra competencia”.

El magistrado Constancio Carrasco: “El artículo 111 del Copfipe, por mandato del legislador, establece que faltas absolutas se resolverán en el menor plazo. El Estado de derecho obliga a todos a cumplir las sentencias y a no retrasarlas”.

Salvador Nava Gomar: “El núcleo de la división de poderes consiste en que cada poder haga lo suyo. Este Tribunal es diseño de los legisladores”.

Pedro Esteban Penagos: “Las sentencias firmes se cumplen, no se discuten. Se trata del cumplimiento de una sentencia y, si ésta no se cumple, el Estado de derecho está en crisis. Las autoridades son las primeras obligadas a acatar la verdad legal”.

Flavio Galván Rivera: “Es un mandato judicial fundamentado y motivado. Es el Estado de derecho el que se ve vulnerado, no la sentencia de un Tribunal…”.

María del Carmen Alanís: “Se le está obligando a que convoque, no a ver si quiere”.

Manuel González Oropeza: no existe un solo caso en que la Comisión Permanente se niegue a convocar a sesiones extraordinarias cuando se lo ha pedido el Poder Ejecutivo o algún miembro de la propia comisión. Se trata de un desacato contra la Constitución, porque atenta contra la integración y debido funcionamiento de órganos electorales”.

Tamaña irresponsabilidad, tanto de la Comisión Permanente como de la Cámara de Diputados, es tan evidente que, de no ser por el fuero de que gozan los legisladores, no se entiende la desfachatez de tan grave y trascendente desacato.