No todo es coordinación e inteligencia, deben estar pensando en la Secretaría de Gobernación y en Los Pinos después de las últimas semanas en que la violencia ha azotado por lo menos tres estados y que culminó el sábado pasado con el horroroso descubrimiento de al menos tres fosas clandestinas en las que se habían escondido los restos de hombres asesinados.

Si se confirma que esos cuerpos son los de normalistas de Ayotzinapa, la prensa nacional e internacional podrá titular que en el México de 2014, un grupo de policías, liderado por un alcalde presuntamente ligado al crimen organizado, torturó y asesinó en una noche a más de 40 jóvenes que querían ser maestros.

Añádase la Encuesta Nacional de Victimización, la cual señala que todos los delitos que importan han aumentado y cada vez se denuncian menos.

Peor, imposible.

No debería ser una sorpresa que el cierre de la ruta michoacana para la droga de la sierra guerrerense causaría disputas y violencia en Guerrero y el Estado de México. No es noticia que muchos de los alcaldes en esas rutas estén cooptados por el crimen.

Ni que los policías municipales, en muchas de estas regiones, trabajen para los delincuentes. Ni que los gobernadores no quieran saber nada de ese asunto.

A 22 meses de haber tomado posesión, el gobierno tiene la primera alerta de que las cosas son mucho más complejas y que no hablar de ellas y luego coordinarse mucho y con muchas ganas, no alcanza para contener el enorme deterioro institucional.

Tal vez sea hora de tener una estrategia más allá de lo necesario, pero insuficiente voluntarismo.

Una nota

Gustavo Hirales publicó aquí, el viernes, una larga crítica de mi artículo en Nexos de septiembre sobre el expediente judicial del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Creo que el texto nace de una confusión del ex guerrillero: no era ni mi intención, ni es trabajo de periodistas, resolver el caso.

No. Esa era la responsabilidad de los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, gobiernos, por cierto, con los que colaboró Hirales. En el segundo, como cercanísimo consejero del Presidente que nombró a Antonio Lozano y empleó a Pablo Chapa. Es a su asesorado, Ernesto Zedillo, a quien debería hacer las preguntas que el viernes me hizo a mí.