Si difícil es que la mayoría de milicianos de los 32 grupos de autodefensa que actúan en Michoacán (sus representantes afirman sumar como 20 mil) sean aceptados en las defensas rurales del Ejército, porque no satisfacen los requisitos de ley, más factible parece que muchos califiquen para ser aceptados como policías municipales.

Un escollo mayor, sin embargo, para que esos tumultos de civiles armados cumplan los compromisos “de incorporarse a la institucionalidad”, se antoja infranqueable: que los líderes entreguen “una lista con los nombres” de sus efectivos y registrar ante la Secretaría de la Defensa Nacional “las armas que actualmente poseen o portan”.

A ningún civil se le permitiría tener, portar (¡mucho menos disparar!) armas de uso exclusivo del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina Armada.

Imposible que los autodefensas registren o entreguen de veras el arsenal de los R-15 o M-1 que portan (propios del Ejército), o los cuernos de chivo que ni los militares utilizan, pero con los que se les ve a estos justicieros, por centenares o miles, yendo y viniendo como Pedro por su casa.