Todo gobierno se debe a sus gobernados. Administrar los recursos públicos con honestidad y eficiencia es obligación de cualquier funcionario público, pero sobre todo de quien lleva las riendas del gobierno. El titular del Ejecutivo debe rendir cuentas claras así como denunciar y castigar todo acto de corrupción sin importar de quién se trate.

Debe garantizar el Estado de Derecho, donde la aplicación de la justicia sea igual para todos sin importar los lazos personales o partidistas que tenga con quien haya abusado de su cargo desviando recursos que dañan el patrimonio de sus gobernados. 

En Yucatán tenemos un caso grave de daño patrimonial derivado de malos manejos de los recursos públicos por parte del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco y, hasta el día de hoy, el gobierno actual no ha fincado responsabilidades. Se trata del quebranto al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) por más de dos mil millones de pesos, derivado de la deuda acumulada por falta de pago del gobierno al Instituto por las cuotas de los trabajadores del Estado.

Esta deuda es tan grande, sólo para dar un ejemplo, que equivale al presupuesto total anual destinado al Ayuntamiento de Mérida. Y actualmente representa una carga al presupuesto estatal de 250 millones anuales sólo por concepto de intereses, multas y recargos, sin abono a capital. 

Independientemente de las medidas que el gobierno tome para  resarcir el daño financiero del Isstey, no puede dar carpetazo y dejar en la impunidad a los causantes del quebranto. El Ejecutivo estatal debe informar a la ciudadanía con absoluta transparencia del estado en que recibió de su antecesora esta situación y cuánto nos ha costado este problema. Tiene la obligación de investigar y determinar las causas del mencionado quebranto y fincar responsabilidades a los funcionarios que lo provocaron.

De no ser así, estamos ante un gobierno que protege con impunidad a malos funcionarios, traicionando de esta manera su compromiso con Yucatán.