Las policías comunitarias que operan en Guerrero desde hace casi 18 años fueron aprobadas, con la Ley 701, por el Congreso estatal en el sexenio de Zeferino Torreblanca, acotando su actuación a las comunidades indígenas.

Esa delimitación explica la unión del fin de semana entre la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, que brotó durante el último año fuera de las poblaciones autóctonas.

Ahora, la Ley 701 ampara a las dos policías, de modo que ya no solamente en las áreas indígenas, sino también en las rurales (población mestiza: prácticamente en toda la entidad con excepción de ciudades como Chilpancingo, Taxco, Acapulco, Iguala, Tierra Colorada…), civiles armados pueden hacer las funciones de seguridad pública que la Constitución federal mandata sea ejercida exclusivamente por el Estado.

Con Ángel Aguirre Rivero, el congreso guerrerense pergeñó la Ley 281, que amplía el margen de maniobra de este tipo de justicia popular… y anticipa la extinción de las policías constitucionales.