Las vacaciones escolares influyen, con diferencias, en múltiples aspectos de la vida social y en el ritmo de ésta en general. Es usual que en el verano la intensidad de la vida pública disminuya. Políticos de todo pelaje, gobernantes y candidatos, opinadores y presentadores de noticias reducen sus actividades, apuran decisiones y se preparan para el nuevo año escolar, que es también legislativo a nivel nacional y en un buen número de estados.

Pues parece que ya no. Este verano, que azota con su calor a quienes habitamos el trópico húmedo, muestra también una inusual actividad política. No bien acabado el bullicio escolar, el presidente de la República pidió a la Suprema Corte declarar inconstitucionales los albazos legislativos de dos gobernadores de su propio partido. De forma casi simultánea, una disidencia, bien que mínima, se manifestó en la elección del dirigente nacional del PRI. El PRD, por su lado, prepara entre jaloneos la sucesión de su propio presidente que, como es frecuente en ese partido, renunció. En cuanto a Acción Nacional, el otrora pacato instituto protagoniza diversos escándalos de corrupción, que los contrincantes internos utilizan como armas arrojadizas.

La nueva dinámica es, en cierta medida, resultado del proceso normal de liberalización de las acciones políticas propias de la democracia; sin embargo, es también cierto que algunos de los conflictos que se manifiestan revelan problemas de funcionamiento del sistema político. Muy notables en el caso del PRI como partido gobernante, la independencia y el protagonismo de sus precandidatos resultan, más que del debate plural, de la falta de una línea de gobierno capaz de atraer a una mayoría de los ciudadanos, pues, desde el momento de su elección, tenía la oposición de tres de cada cinco mexicanos.

Más aún, el cumplimiento de sus objetivos de campaña se volvió una garantía de inconformidad popular. La anticipación de la contienda es un reflejo de la urgencia por recuperar respaldo público. Era lo previsible para un gobierno con minoría electoral.

La gran virtud de los sistemas políticos que obligan a la formación de gobiernos de mayoría, y en consecuencia al acuerdo de programas de gobierno aceptables para esa misma mayoría, es que imponen la condición de gobernar con un razonable aval social.