Hace un siglo, sólo las clases privilegiadas tenían acceso a las bibliotecas y a la educación en universidades, algo similar a lo que ocurre ahora con el uso del internet en México, el cual resulta todavía muy costoso para la mayoría de los ciudadanos, ya que ni siquiera forma parte de los derechos de la sociedad en su educación básica. Sin embargo, el tema parece no estar ni cerca de ser uno de los centros de la discusión para impulsarlo en la revisión que hace el Senado de la República de la minuta de la Reforma de Telecomunicaciones.

Como he señalado, el acceso a la red ha sido declarado por diversos especialistas como un derecho humano, pues reconocen las infinitas posibilidades educativas  que ofrece para el desarrollo de las personas (y el comercial) el uso del considerado medio de comunicación más democrático del planeta. 

Esto lo traigo a tema, debido a la declaración que hace unos días diera el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz, quien expresó que el acceso a internet “será libre, pero no gratuito (¿?), porque sería sentenciar a muerte al sistema de telecomunicaciones en el país”. Y abundó en que “la gratuidad implicaría la estatización, un sistema sin competencia y sin inversión privada, que dependería únicamente de la inversión pública”.  “Un internet gratuito sería un internet que no tendría inversión privada y sí pública, del bolsillo de todos los mexicanos por medio de impuestos”, dijo.

Hace algunas semanas leía en la Revista Mexicana de Comunicación un artículo titulado: “Internet para todos: alternativa para cubrir los vacíos de la Reforma Educativa”, el cual destaca una iniciativa de un colectivo de organizaciones que propone que el servicio se proporcione en escuelas, espacios abiertos (parques, plazas), oficinas gubernamentales y las zonas rurales del país. La meta es que los mexicanos accedamos a la sociedad del conocimiento tal como ha sucedido en otros países, y esto, sí es totalmente viable.