Aunque no dudo que con anterioridad se haya puesto en entredicho la legitimidad de alguna dirigencia partidista para tomar acuerdos con el gobierno, me parece que no tiene precedente lo que sucede hoy día y que ha causado la atonía de los legisladores del PAN.

El alto grado de polaridad que ha generado el proceso interno de renovación de su dirigencia nacional ya tiene consecuencias externas, pues sus álgidos enfrentamientos les impiden abordar coherentemente la agenda legislativa.

Así, la pugna entre maderistas y corderistas ha mandado a sesión extraordinaria, en fecha posterior a sus comicios domésticos, las leyes reglamentarias consecuentes a las reformas constitucionales en materia político-electoral, de telecomunicaciones y de energía que, contradictoriamente, fueron acordadas de manera tersa el año pasado.  

Y la justificación que está en el fondo de este asunto, de manera implícita, es la facultad personalísima del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN de nombrar “jefe de bancada de la fracción”, tanto en el Senado como entre sus diputados, lo que, conforme  a su visión patrimonialista del poder, les proporciona legitimidad para “tirar línea” o “disciplinar” a sus legisladores para que voten en determinado sentido.   

Así que, en tanto los del PAN no logran decidir si reeligen a Madero o prefieren seguir las instrucciones dictadas por Calderón desde su exilio dorado, a través de Cordero, no han dudado en recetarnos a toda la sociedad un “stand by” que pospone la inversión, esperada como producto de las reformas energética y de telecomunicaciones y que puede vulnerar las elecciones intermedias al dejar sin reglamentar la reforma político-electoral.

Lo cierto es que después de las descalificaciones, agravios y ofensas, tan graves como las que se han proferido en su campaña interna, le será difícil al que gane volver a unir a su militancia. Sin embargo, esa parece ser la ruta que siguen los que, después de haber detentado el poder máximo, lo pierden.

Medalla de oro.- La nueva es que según estudio “IDD-Mex 2013”, patrocinado por  la Fundación Konrad Adenauer, el Instituto de Desarrollo Democrático de México, Coparmex y Polilat, Yucatán se ubica en el 1er lugar del ranking nacional de desarrollo democrático al presentar un comportamiento bueno y homogéneo, incluso en la dimensión de derechos y libertades donde, a pesar de un pequeño retroceso, se ubica en el 4º lugar. 

Su buen desempeño se debe a que ocupa el 1er puesto en la Democracia de las Instituciones, así como el 4º lugar en Desarrollo Humano y Social. 

Sin embargo, se advierte que  su posición cimera con respecto al resto de las entidades no significa que Yucatán no deba mejorar su gestión de democracia y superar sus problemas económico-estructurales.