Para cualquier oposición es difícil lidiar con quien tiene el poder del gobierno. Las inercias son múltiples: por una parte, cumplir con la tarea política que su propio programa encomienda, por la otra, conceder ante los factores de poder interno. Lo primero lleva a la necesidad de emprender acuerdos con sus pares opositores y, eventualmente, con el mismo gobierno; lo segundo, a radicalizar postura al menos en la forma, no necesariamente en el fondo.

Gustavo Madero fue de menos a más. El mal ambiente al inicio del gobierno de Peña Nieto y de la suscripción del Pacto por México se debía por la derrota misma y del hecho de que en el Senado cobró fuerza no el PAN, sino Felipe Calderón, malqueriente del dirigente. Con la misma brusquedad que Calderón defenestró a Santiago Creel como coordinador del PAN en el Senado, Madero correspondió respecto a Cordero. Así retomó el control del Congreso y del mismo partido. Madero logró lo que ningún otro dirigente del PAN: la agenda del partido en varios capítulos se volvió letra en la Constitución.

Los Chuchos fueron de más a menos. La idea del Pacto fue de ellos, un invento para integrar al programa de gobierno y a la agenda legislativa las propuestas de la oposición. Ahora ellos le repudian por la razón de que son objeto de falso señalamiento por sus correligionarios alineados a López Obrador o a Marcelo Ebrard, de que el Pacto llevó a la reforma energética. Lo que sí significó el Pacto para los radicales de derecha en torno a Cordero y de la izquierda, es que se les cayó el argumento contra Enrique Peña. Las reformas tienen lugar a partir del liderazgo del Presidente sobre su propio partido, los mandatarios estatales y los intereses económicos hegemónicos.

Los problemas del país, del Presidente y del conjunto de la pluralidad no son propiamente políticos, tienen que ver con una economía disfuncional: una fuerza laboral de calidad, una geografía privilegiada, un gobierno razonablemente eficaz no son suficientes porque el país dejó de transformarse a la par del mundo. La última oleada de reformas data de hace dos décadas. El otro gran problema de todos se refiere a la inseguridad. Ya no hay espacio para partidizar el problema, el último intento lo hizo Calderón remitiéndolo a los gobernadores priistas. La inseguridad es la amenaza mayor y solo puede superarse con perspectiva de sus causas y en un esfuerzo conjunto y coordinado.

Michoacán se ha vuelto dolor de cabeza. Un gobernador que no debió haber sido —y no solo por razones de su precaria salud— llevó al estado a una situación crítica. En Guerrero Ángel Aguirre enfrenta al crimen con baladronadas a la par de que los guerrerenses reclaman, unos, la intervención federal, otros, la proliferación de grupos civiles armados, con la consideración de que Guerrero no es Michoacán y las condiciones conducen a una situación crítica para la seguridad nacional y la estabilidad política en el sur del país.

Los demás gobernadores del PRD están en serios problemas y requieren del apoyo del gobierno federal. La habilidad de Graco en Morelos o la experiencia de Núñez en Tabasco no son suficientes para rendir buenas cuentas. El mismo Miguel Ángel Mancera requiere de entendimiento y respaldo del Presidente, más si uno de sus objetivos es lograr la reforma política del Distrito Federal. Un partido que gobierna no puede aventurarse en el oposicionismo infantil o demagógico. Esa es la diferencia entre el PRD y Morena.

El PRD está entrampado entre las dos inercias que todo partido tiene. Complacer a los de casa, que ni siquiera son de casa, ha llevado al PRD a anularse de la negociación pública, a la vez de que el PAN y su dirigente celebran una discutible reforma electoral y que buena parte del contenido de la reforma energética es de su inventiva.

En este entorno el presidente Peña Nieto nuevamente se fuga hacia delante al proponer causales de nulidad de la elección por el abuso ilegal de publicidad en medios electrónicos y anuncia su iniciativa de reforma política para la Ciudad de México. El PRD y ni siquiera los embozados legisladores de Morena podrán mantenerse al margen. Están obligados a participar en una iniciativa presidencial que seguramente reproduce muchos de sus anhelos y exigencias.

La autonomía del presidente Peña es una circunstancia privilegiada para todos, incluso la oposición. En el debate nacional hay capítulos superados y la oposición debe dirigirse al futuro. El PRI con Peña se ha acreditado, pero no ha alterado las premisas básicas que inciden en las intenciones de voto. La izquierda debe entender, como lo hace el PAN, que todo puede suceder en 2018. AMLO también lo sabe, pero prefiere ganar el poder a partir del fracaso ajeno y de la desgracia de todos.

[email protected]

Twitter: @berrueto