18 de Julio de 2018

Opinión

Jacinta, Alberta y Teresa

Las mujeres fueron expuestas, violentadas, sin que fueran puestas en conocimiento de sus derechos, sin abogado defensor y traductor...

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La razón de ser de la presunción de inocencia y el debido proceso tiene rostro en Jacinta, Alberta y Teresa.

El caso de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio se inició con un desalojo por venta de piratería a puestos ambulantes por seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), el 26 de marzo de 2006, en Santiago Mexquititlán, Querétaro. 

Las circunstancias violentas e ilegales del operativo provocaron que los comerciantes de la comunidad pidieran a los agentes de la AFI reparar los daños y se firmó un acuerdo para tales efectos. Sin embargo, cinco meses después Alberta y Teresa fueron detenidas y presentadas ante los medios por el supuesto secuestro de seis agentes de la propia AFI por aquel desalojo. Cinco meses después también fue detenida Alberta.

A partir de ahí, como lo relató Estela Hernández, hija de Jacinta, en su intervención en el acto de disculpa pública de la PGR ocurrida apenas el miércoles pasado, empezó un infierno generado por la violación del debido proceso y la violación a la presunción de su inocencia. Las mujeres fueron expuestas, violentadas, sin que fueran puestas en conocimiento de sus derechos, sin abogado defensor y traductor y sin que tuvieran armas legales para defenderse. Fueron juzgadas y sentenciadas, una, Jacinta, a 21 años de prisión y multa.

Fue gracias al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A..C. (Prodh), que las irregularidades pudieron conocerse. Amnistía Internacional declaró “presa de conciencia” a Jacinta y el Alto Comisionado de la ONU la visitó en su celda. Finalmente, la PGR la liberó en 2009, pero no reconoció su inocencia.

El discurso de Estela del pasado miércoles ya ha sido titulado “Hasta que la dignidad se haga costumbre”, frase con la que cierra su potente participación, a nombre de su madre.

“La disculpa es por funcionarios mediocres, ineptos, corruptos e inconscientes que fabricaron el delito de secuestro e inventaron que Jacinta era delincuente, la evidenciaron en los diarios locales de Querétaro, la demandaron por un delito federal que no alcanzaba fianza, la investigaron los mismos policías demandantes, la encarcelaron con mentiras, sin decirle que tenía derecho a un abogado de oficio y a un traductor”, dijo Estela. 

Jacinta pudo ser liberada con la ayuda de muchos; de no haber sido así, hoy estaría pagando una sentencia de un delito que jamás existió; ¿cuántos inocentes están en la cárcel por un delito no cometido o que no existe, cuántos secuestradores, delincuentes con título nombrados por la ley andan sueltos?

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