Cuando apenas se dan en nuestro país los primeros pasos para transitar del procedimiento penal semi-inquisitorio al acusatorio y oral, es un hecho que la seguridad pública y la procuración e impartición de justicia enfrentan una percepción ciudadana que sigue apuntando hacia la ineficiencia y la corrupción.

No es fácil desterrar esa percepción cuando leemos y seguimos un caso particular o, más aún, cuando somos parte de él o lo son nuestros familiares. Aquí algunos ejemplos que se dan en cualquier ámbito:

1.- En el extranjero, tres hermanos de Sinaloa–Luis Alfonso, Simón y José Regino González Villarreal– juzgados por narcotráfico en Indonesia preparan su última apelación contra la pena de muerte. El hecho nos indigna, como debe ser, pero dejamos de analizar los argumentos de los juzgadores que, por cierto, han permitido que nuestros paisanos recurran a todas las instancias.

2.- En México, Human Rights Watch exige al Gobierno esclarecer a profundidad la muerte de 22 presuntos delincuentes a manos de soldados, en un enfrentamiento –según parte de la Sedena– en Tlatlaya, Estado de México. Incidentes anteriores dan pie a que grupos de derechos humanos y expertos duden de las descripciones de los eventos y apuntan a una ejecución.

3.- En Yucatán, la celeridad de la actuación de las autoridades en un crimen en el que se han visto envuelto profesionales de la psiquiatría polariza a la ciudadanía. Apenas inicia el proceso y ya la opinión pública emite juicios y anticipa veredictos. Por la difusión y su impacto social, el hecho prácticamente inaugura el sistema acusatorio penal y es la primera dura prueba para la justicia en la entidad.

Construir un estado de bienestar requiere de una autoridad que se legitime ante la ciudadanía, pero debemos darle ese voto de confianza para consolidar el sistema acusatorio penal en México y en Yucatán. Es difícil, pero todos debemos reconocer que siempre es preferible obedecer la ley que confrontarla. 

Anexo "1"

Justicia Naval

Hasta hace algunos años no había tantos en la Armada de México. Unos cuantos como asesores del mando en Zonas y Sectores y, por supuesto, en el Cuartel General. Me refiero a los licenciados de Justicia Naval.

En los barcos, con el "Manual del Oficinista de Intendencia Naval" de Fermín González Vera, los oficinistas y/o intendentes levantábamos las actas, generalmente de Policía judicial Militar por deserciones, administrativas y, en ocasiones por algún delito cometido.

A bordo hacíamos toda clases de documentos, desde el parte de novedades y radiogramas hasta nóminas en las antiguas máquinas de escribir, haciendo cuentas con sumadoras que utilizaban rollos de papel, esto antes de que llegaran las computadoras y calculadoras.

También afiliaciones de seguridad social, trámites de préstamos, contratos de enganche y reenganche, actas de Consejos de Honor y hasta los acaecimientos del Libro de Navegación.

Los 'Lics' tenían muy poca actividad en materia del Derecho. Nunca fungieron como defensores de quienes comparecían ante un Consejo de Honor, al contrario, siempre apoyaban las decisiones del mando.

Ahora, con el nuevo sistema de justicia penal que se instaura en México, no sé si tendrán más actividad. Alguien me confió que hubo un Director de Justicia Naval que jamás pisó un juzgado. ¿Será?