Hace más o menos un año, a raíz de la primera discusión sobre el caso Florence Cassez en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invité al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, a En 15.

Lo invité porque me costaba entender que en esos días, Plascencia había hecho la ronda con doña Isabel Miranda de Wallace, alegando que cualquier cosa que no fuera la reiteración de la condena a Cassez sería un atentado a los derechos humanos de las víctimas.

Fue una conversación agitada porque en la mente de Plascencia y en sus argumentos públicos no había duda alguna sobre la culpabilidad de Cassez y la necesidad —más allá de argumento alguno— de que purgara una condena. La comisión había tenido frente a ella, tal vez primero que nadie, la prueba de que algo muy raro había sucedido en aquella detención y puesta a disposición. Pablo Reinah, uno de los reporteros que había sido parte de la escenificación y después había sido corrido de Televisa, había acudido a la CNDH a quejarse y contar toda su historia.

Otras quejas habían producido evidencia en la comisión de que, por ejemplo, uno de los acusados había sido golpeado. Nada de eso importaba hace un año al ombudsman nacional. De la mano de la señora Wallace presionó a la Suprema Corte para que ignorara las faltas a los derechos humanos de Cassez, Reinah o Vallarta.

“Si hubo irregularidades deben investigarse y sancionarse, pero el fallo debe orientarse para satisfacer el reclamo de las víctimas”, dijo Plascencia como solapando la venganza como sistema de justicia, todo en una extrañísima conferencia de prensa donde uno de las presuntas víctimas acusó al ministro Zaldívar de querer liberar a la francesa “por ser güerita”, sin que el presidente de la CNDH se inmutara.

Desde esos días era de sobra conocida la pésima imagen de Florence Cassez ante la opinión pública (como se comprobaría un año más tarde) y de la autoridad y popularidad de la señora Wallace en esos días aspirando a gobernar la ciudad, es decir, en campaña política. Vale la pena recordar que en esos tiempos Genaro García Luna era aún el todopoderoso secretario de Seguridad Pública, el presidente Calderón había defendido que Cassez estuviera en prisión.

Hace un año la Corte decidió volver a estudiar el asunto y se lo dio a la ministro Sánchez Cordero, quien en un decisión sorpresiva y no exenta de polémica, al verse abajo en la votación, desechó su propio proyecto, lo sustituyó por el de Zaldívar, y Cassez fue liberada.

Pues ahora, cuando García Luna anda desparecido y sin poder, Calderón en Harvard y Cassez en Francia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se acordó de hacer una investigación y presentar un informe en el que pide se finquen las responsabilidades correspondientes a una veintena de funcionarios, empezando por García Luna.

El mismo informe reconoce que está hecho con datos que se conocían al menos desde febrero de 2012, cuando se hizo pública la propuesta del ministro Zaldívar: “Para la elaboración de este Informe Especial, se recopiló la información contenida en los expedientes que sobre el caso de la señora Cassez conoció el Poder Judicial de la Federación en sus respectivas instancias procesales.

También las sesiones públicas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativas a este asunto; los expedientes relacionados con las quejas que en su momento presentaron ante esta Comisión Nacional las personas señaladas como responsables de los diversos delitos cometidos y Q1, uno de los reporteros que estuvo presente y cubrió el operativo de la AFI; el video de 9 de diciembre de 2005 del citado operativo; así como las notas periodísticas emitidas en diversos medios de comunicación, y otras fuentes”.

La queja del reportero Q1 data de hace seis años y en su relato está la mayor parte de la información sobre el mal actuar de las autoridades. El mismo informe lo dice, pero luego relata cómo los funcionarios aludidos negaron que hayan actuado mal y pues ahí quedó todo. Hasta ahora.

Ahora que García Luna ya no está. Ahora que la opinión pública y buena parte de la publicada se fue contra Cassez y después contra los policías y funcionarios, que en la versión más ramplona del asunto fueron los responsables de que se fuera.

Vale la pena leer el documento de la comisión. Para confirmar nuestro pesimismo. No hay un dato nuevo, no hay rastro de nueva evidencia de nada. Tomaron el documento de Zaldívar, la queja de Reinah, y redactaron unas cuartillas. Todo ese material lo tenían cuando García Luna era secretario.

Hace unos días le pregunté al primer visitador por qué hasta ahora el informe. Porque antes las autoridades no habían respondido a las peticiones, me dijo. Puede ser, pero ahora tampoco.

La CNDH jugando para la tribuna. Para el aplauso. Politiqueando. Una lástima.

Twitter: @puigcarlos