Después de un rápido despliegue por las redes sociales, la onda expansiva de la coordinadora nacional pasó simplemente inadvertida entre el magisterio yucateco.

En un primer intento de prender fuego entre los maestros locales contra la evaluación docente que mandata la reforma educativa, unas decenas de simpatizantes de esa corriente radical del magisterio expresaron su descontento ante lo que calificaron como un examen punitivo, ya que se sienten amenazados por la rendición de cuentas en su pobre o casi nulo desempeño docente; sin embargo, los cabecillas no mencionan el perjuicio que causan a miles de niños y jóvenes al dejarlos sin clases por sus marchas y plantones, sin contar el daño que ocasionan a la sociedad en general.

Me pareció interesante la expresión que usaron al referir que “se solidarizan con los mentores de los demás estados que también están inconformes, porque no sólo Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Michoacán están afectados”; estoy de acuerdo con ellos, ya que es la primera vez que se evaluará a los maestros en su desempeño y esto causa gran inquietud entre todos pero, aquí en Yucatán, los maestros acostumbramos expresar nuestras demandas sin afectar a nuestros alumnos. En pocas palabras, somos más responsables y respetuosos de la sociedad, es cuestión de ética y profesionalismo, no del barbarismo y chantaje político como estrategia de nuestras luchas.

Hablan de un descontento social, de pobreza, de política y se callan que cada quincena cobran cínicamente su sueldo, sin haber acudido al aula. Son ellos mismos los causantes de la extrema miseria y lacerante marginación social de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Michoacán; los únicos culpables son ellos y ahora, cuando les exigen cuentas, buscan embaucar a todo el magisterio para que no se les aplique la ley. La escasa convocatoria a su segundo plantón a las puertas de la Secretaría de Educación de Yucatán les dejó claro que los maestros yucatecos no respaldamos bloqueos, saqueos y desorden social para negociar nuestras demandas.

Y hablando de luchas, la Canacome y el Consejo Coordinador Empresarial, con una encuesta popular, buscan presionar al Ejecutivo para que Yucatán recupere su calendario escolar con un período vacacional que abarque los meses de julio y agosto completos.  Aquí se toparán con que eso, por ley, ya no es posible.  El calendario escolar debe cumplirse con 200 días de clases, llueva o truene.