El movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no marchará hoy rumbo al Palacio Legislativo de San Lázaro para asaltar al Congreso en la instalación del periodo ordinario de sesiones, como había anunciado.

Es una buena noticia. Nadie que en sentido estricto se considere demócrata puede plantear que se mantenga a la capital del país en una situación de franco estrangulamiento, pero tampoco apoyar que la represión sea la vía para enfrentar las protestas sociales, sean éstas justificadas o no.

El trabajo para disuadir a la CNTE se fue tejiendo desde la Secretaría de Gobernación, al que se sumó a tiempo el Gobierno del Distrito Federal tras dos semanas de inacción de las autoridades locales y federales.

Pero esto no fue gratuito. Tanto la Segob como el GDF, que, pareciera, apostaban a endosarse mutuamente el descrédito por permitir las acciones violentas que los militantes del magisterio disidente enfilaron contra el Congreso, tuvieron que actuar ante la presión social y mediática que censuró la tolerancia excesiva a los activistas de la CNTE.

Los resultados que arroja la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica sobre el conflicto por la reforma educativa, publicados ayer en MILENIO Diario, son contundentes: “La consulta indica que, si bien 32 por ciento de la población no está de acuerdo con la reforma educativa, 91 por ciento aprueba que se evalúe a los maestros.

“Sobre el inquietante tema del uso de la fuerza pública, la encuesta del GCE marca que solo 10 por ciento en el Valle de México responde que no se debe aplicar nunca; 35 por ciento estaría de acuerdo con que se aplique una vez que se agote el diálogo con la CNTE y 32 por ciento pide que se aplique ya.

“A quien no le va nada bien es al jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera: 27 por ciento de los entrevistados piensa que su desempeño en la crisis de los maestros ha sido correcta, pero 70 por ciento estima lo contrario.”

Hoy no habrá marchas porque la sociedad lo exigió y porque, por fortuna, las autoridades se pusieron a trabajar. Él no se planteó reprimir, hizo el trabajo de diálogo y activó los aparatos de seguridad bajo las premisas básicas de persuadir y disuadir.

Tampoco sería aceptable que se impida el derecho a la manifestación, pero en caso de que hubiera protestas y éstas tuvieran un cariz violento, los cuerpos de seguridad deberán actuar para contener a los provocadores, que, precisamente, lo que quieren es ser reprimidos para justificar su causa.