Empieza a despuntar la polémica en la relación con la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), que encabeza Eduardo Pérez Motta, y el nuevo gobierno. Es natural. Los temas de competencia económica son de la más alta prioridad para Enrique Peña Nieto —como él mismo lo señaló al ofrecer una iniciativa para crear tribunales especializados en la materia y al hablar de la competencia en las telecomunicaciones como otra de sus prioridades.

Algunas de las ideas expresadas en este tenor habían sido bien recibidas por parte de la Cofeco. No obstante, ahora ha brincado un tema álgido por una propuesta de reforma a las leyes de competencia en la que se modificaría la forma en la que internamente, en la comisión, se integran los expedientes y se postulan las resoluciones para acusar a las empresas de prácticas monopólicas.

Hasta la fecha, el secretario ejecutivo integra los expedientes y los comisionados votan (si hay una concentración excesiva o no; si hay una práctica monopólica o no; si debe imponerse una multa o no). En la reforma propuesta hay una modificación acerca del sujeto que realiza las investigaciones, que ya no sería el secretario ejecutivo, sino alguno de los comisionados, quien llevaría el caso al pleno para ser votado.

La Cofeco se ha mostrado públicamente en contra de esta reforma porque, argumentan, se prestaría al ejercicio de una actividad regulatoria política y no técnica.

¿Qué es lo correcto? ¿Un regulador independiente totalmente del Ejecutivo o uno que coordine e integre las políticas antimonopolios a los ejes de acción del presidente en turno? Lo primero está de moda en muchos países: todo mundo ha migrado, paulatinamente, hacia la integración de comisiones de competencia independientes del Ejecutivo. Esta postura, en boga, asume que desde un punto de vista técnico siempre hay un beneficio para el consumidor; mientras que si hubiese vinculación política se pierden beneficios para las mayorías.

Creo que es positivo que se esté dando un debate para fortalecer las políticas procompetitivas. Pero no me parece sano prejuzgar que una fórmula de trabajo interna diferente en la Comisión necesariamente lleve a la politización de los casos contra los monopolios.