El Poder Judicial de la Federación (PJF) no es del todo ajeno al problema de la corrupción e impunidad que vive el país.

 “No se puede perder de vista que el país atraviesa por una etapa, ya prolongada, de violencia e inseguridad provocada por fenómenos criminales nacionales y globalizados que laceran, en especial el del crimen organizado.

Estos fenómenos delictivos se suman el de la corrupción y el de su asociado más pernicioso, que es la impunidad.

“Estos fenómenos tienen agraviada a la sociedad mexicana, la que en importante medida ha perdido confianza en sus instituciones, y entre ellas, las de justicia. Las conductas de los jueces de distrito deben ser en lo público y en lo privado, escrupulosamente pulcras, que sus decisiones estén sólidamente argumentadas y sustentadas en la Constitución y en las leyes y no en la ambición al dinero

Para el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano administrativo y disciplinario de los juzgadores del país que resuelven controversias federales, ha resultado muy complicado y lento poder castigar a los jueces o magistrados involucrados en actos de corrupción, fundamentalmente porque el procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en forma de juicio que se les inicia es sumamente técnico, lleno de recovecos legales y de lento trámite.

Los funcionarios de la judicatura y abogados en la materia la mayoría de los procedimientos iniciados por quejas administrativas contra juzgadores (ya sea por problemas laborales con su personal, faltas al código de ética, o por supuesto acoso laboral o sexual a los funcionarios judiciales) se resuelve en favor del juez, mientras que los casos de alto impacto iniciados por presuntos actos de corrupción (que van desde incumplimiento de las jurisprudencias al momento de resolver algún juicio hasta enriquecimiento ilícito) llegan a tardar de cinco a siete años en resolverse.

Además, aunque lo resuelto por el CJF no puede ser impugnado mediante juicio de amparo, existe para los jueces sancionados la posibilidad de que su caso sea revisado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que tiene facultades para levantar el castigo y ordenar la reinstalación del juzgador.

Por ejemplo, a casi cinco años de suspender a Ricardo Barbosa Alanís, polémico juez que presuntamente favoreció con sus fallos a Juan José Rojas Cardona, El zar de los casinos, la Judicatura aún no define si lo destituye o lo reinstala en el cargo por falta de pruebas.

Aunque el CJF ha ventilado públicamente los casos de juzgadores investigados por supuestas ilegalidades, los procedimientos administrativos y las eventuales acusaciones penales han tardado años en concluirse.

En enero de 2014, la judicatura inició un procedimiento administrativo contra Luis Armando Jerezano, otro de los jueces federales suspendidos por supuestamente favorecer con fallo ilegales a los casinos. De entonces a la fecha, no se ha informado de alguna sanción en su contra.