Mala noticia que uno de los mejores consejeros del IFE, Sergio García Ramírez, haya anunciado su próximo retiro del órgano electoral. De siempre, la institución ha estado ayuna de buenos abogados; ha habido hombres y mujeres de singular talento, como José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Jacqueline Peschard, pero con el déficit de formación jurídica para un órgano en el que la aplicación de la ley es cotidiana. Un ejemplo de ello ha sido el abuso reglamentario, cualquier estudiante de derecho conoce que la norma administrativa no puede ir más allá de lo que establece la ley.

La crisis del IFE no solo es responsabilidad de los consejeros o de quienes los hayan nombrado. Hay un problema serio en el diseño institucional. Por una parte, es un órgano jurisdiccional que sanciona y, por la otra, debe organizar las elecciones. Esto genera un conflicto y desgasta a la institución. Siempre ha ocurrido, pero es más grave en ocasión de las decisiones controversiales como es el reporte sobre el gasto de campañas.

Los elementos al alcance muestran que la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, a cargo de Alfredo Cristalinas Kaulitz, hizo su trabajo de acuerdo a las normas y procedimientos aprobados por el Consejo General del IFE. Es probable que el reporte de exceso en los gastos de la campaña de López Obrador se deba al error de los informes de los partidos que lo postularon. El PAN, PRI, Panal y PVEM tienen un mejor desempeño porque seguramente hay más cuidado y rigor en los reportes.

El sistema de control de gastos a través de topes es una ficción, consecuencia de otra ficción profundamente arraigada: la obsesión por la equidad. El gasto de los partidos es imposible de supervisar, tanto el de campañas como el gasto ordinario, y por ello la ambigüedad dará lugar a interminables polémicas. Por esta razón los sistemas más confiables se enfocan en la información sobre el origen del gasto y, todavía más, cuando los reportes se realizan en paralelo a la elección de manera tal que los electores conozcan quién paga la campaña del candidato. En otras palabras, en materia de financiamiento de campañas, la transparencia es mejor y más fácil de asegurar que la equidad o de tope de gastos.

La reforma electoral la han hecho los políticos para los políticos. Los ciudadanos no pintan y, en todo caso, son una suerte de menores de edad que hay que proteger de la perversidad de quienes detentan poder, entre éstos los mismos políticos. También les ha dado por atender los problemas a costa del erario, bien sea con instituciones electorales insultantemente onerosas o con montos de financiamiento sin paralelo en el mundo. La sociedad mantiene partidos, campañas, instituciones y tribunales en montos desproporcionados e insostenibles.

Puede argumentarse que ese es el precio de la democracia, y un costo menor respecto al interés público a salvaguardar. Puede ser, pero el argumento es válido para la transición; quizás era el expediente para transitar a una democracia electoral competitiva y confiable. Ahora se está en otra etapa, y es fundamental que no sea la burocracia electoral ni la política, sino el interés ciudadano el que defina el futuro de la democracia electoral.

El IFE debe transformarse profundamente. Lo más aconsejable es su división en dos instancias, la jurisdiccional o rendición de cuentas y la de organización de las elecciones. Debería operar como un órgano electoral nacional, esto es, para todos los comicios y, además, hacer obligatorias las elecciones primarias en los partidos políticos para que los ciudadanos pudieran acceder a los cargos de elección popular y que los partidos dejen de ser estructuras autoritarias y muy distantes a los ciudadanos.

La palabra la tendrán los legisladores. Por ahora, su sensibilidad continúa siendo la de una reforma electoral a la medida de sus intereses, como es evidente en la de 2007, aunque también ha habido voces que llaman a tener una ley de partidos que los lleve a su modernización y apertura a la sociedad. Por lo pronto el deterioro del IFE no puede soslayarse. Su crisis no se resolverá con renuncias o nombramientos; se requiere un rediseño profundo después de dos décadas de existencia.

Calderón y Pemex. Un ex presidente es un activo, también puede ser una monserga. Con su conducta cada cual decide su suerte. Patético el caso de Calderón, muy bien su solidaridad con las víctimas en el siniestro de Pemex; muy mal por su exigencia de que la investigación sea seria y transparente. Se mete de lleno a un terreno que ya no le corresponde y hace que sus palabras se interpreten como una defensa anticipada frente a una eventual conclusión de que el incidente ocurrió por la falta de inversión en seguridad y en el mantenimiento de la paraestatal, imputable a su gobierno.

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