Lo que se juega en Guerrero y Oaxaca es mucho más que la reforma educativa; hay una didáctica social de por medio de la que debe concluirse que basta ya de la imposición de una minoría dispuesta a todo en la defensa de su privilegiada posición. La calidad educativa es deplorable en los estados donde los agitadores se han hecho del liderazgo magisterial y esto por sí mismo es un tema para atender con prioridad. Pero lo que ahora ocupa no es solo el tema de la educación, sino la legalidad, la obligación de las autoridades para cumplir y hacer cumplir la ley.

Desde hace mucho tiempo los gobernantes se volvieron complacientes y, en algunos casos, cómplices del radicalismo; ocurrió por miedo a que los conflictos escalaran; esto abrió la puerta a que la protesta social se tornara un generoso negocio y una forma abierta de impunidad de la que disfrutaba un sector privilegiado de la sociedad, de allí el interés de no pocos de sumarse a la movilización. La inconformidad legítima tiene su espacio y razón; lamentablemente, con facilidad es suplantada por el chantaje y la manipulación de los mercaderes de la protesta social. Queda claro que las autoridades, al conceder, promovieron la práctica periódica y generalizada de esta forma de ganar favor de las autoridades, siempre a cuenta de los de por sí escasos recursos públicos.

Los gobiernos de Guerrero y Oaxaca tienen la oportunidad histórica de poner término a la sumisión a la que llevaron a los mandatarios de dichos estados. No se trata de reprimir, sino de resistir, de no ceder ante la violencia. Una acción fuera de la ley debe ser corregida y sancionada. Un maestro que abandone su responsabilidad debe enfrentar las consecuencias administrativas y laborales de su decisión. Las normas se deben aplicar por igual, concluir con el privilegio del que han disfrutado los irresponsables.

Ceder es reiterar los incentivos perversos que existen en muchas actividades de la vida pública y social; le va mejor a quien incumple, pero grita y patea. Los perdedores son esa mayoría silenciosa, que cumple y que sólo espera que las autoridades hagan su parte. Precisamente, por la sumisión del gobernante al que más reclama ha llevado a muchos perder la confianza y aprecio en sus autoridades y, también, en el valor del voto. ¿Para qué sirve votar si por igual uno y otro se someten al poder de los vociferantes?

Guerrero y Oaxaca, al igual que Chiapas y Michoacán han vivido la alternancia con gobiernos supuestamente de izquierda. El desencanto en Chiapas, Guerrero y Michoacán con los gobernadores de la primera alternancia fue evidente, como ahora ocurre con Gabino Cué en Oaxaca y Ángel Aguirre en Guerrero. Las razones del desencanto tienen que ver con la debilidad con quienes hacen del chantaje y la intimidación recurso de lucha para mantener o acrecentar sus privilegios. Por igual obstruyen vialidades importantes en periodos vacacionales, bloquean accesos a tiendas departamentales, se hacen de espacios públicos o recurren a actos vandálicos en el afán de presionar a las autoridades. No son los líderes quienes encaran y encabezan el riesgo, sino grupúsculos echados andar con el veneno del rencor social.

No ceder ante la protesta es fundamental para la salud del país. El reclamo justo o injusto no puede transgredir la ley, tampoco dañar a terceros o al patrimonio público. Para dar una respuesta eficaz, racional e inteligente, las autoridades requieren capacidad para responder a estos eventos. Las heridas históricas como el 2 de octubre o el jueves de Corpus son hechos que demuestran la peor cara del autoritarismo: intolerancia y represión criminal. Tampoco se pueden cometer los errores de acciones pasadas como las del pasado 1º de diciembre o en mismo Guerrero en la protesta de normalistas al final de 2011, hechos que muestran autoridades descoordinadas y actuando a destiempo y en exceso.

Los provocadores quieren mártires, sangre que abone su causa; por eso las autoridades deben actuar con energía y firmeza, pero con cuidado y prudencia. Resistir y mantener el orden público. Dialogar y escuchar siempre, pero nunca ceder ante el chantaje o la intimidación. Dejar en claro, como se ha dicho, que la ley no se negocia y, todavía más, que quien la haga la pague, que no habrá impunidad. Que hay respeto a quien disiente, pero no a quien infringe la ley.

En este nuevo escenario es fundamental el apoyo del gobierno federal a los mandatarios estatales, no para conceder, sino para que se tengan confianza en su obligación de hacer cumplir la ley. Gobernadores arrinconados, temerosos y complacientes deben dar lugar a mandatarios firmes, sensibles y decididos a actuar por el interés general y la legalidad. Gabino Cué y Ángel Aguirre tienen para lo uno o para lo otro. Dependerá del apoyo social, político e institucional.