La reciente Reforma Política, que modificó diversos artículos de la Constitución Federal, consagra en su Artículo 41 la equidad de género en las candidaturas para los tres niveles de gobierno, por lo que sin duda se trata de un gran paso adelante en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, que contribuirá a eliminar una discriminación históricamente padecida por la mujer en el acceso al poder público.

Tenemos que remontarnos a octubre de 1953 para encontrar una reforma de este texto constitucional, cuando se reconoció el derecho ciudadano de la mujer a votar y ser votada. La lucha históricamente librada por miles de mujeres libres y hombres conscientes para dar certeza legal a los derechos políticos de la mujer, hoy encuentra un nuevo triunfo en la garantía constitucional que la más reciente Reforma otorga para que la voz de la mujer sea escuchada en condiciones de igualdad al interior de todos los Poderes. 

“Sin embargo no se ha avanzado suficiente”, falta mucho por hacer. 

Aquí algunos datos en donde la equidad de género sigue siendo un tema de retrocesos:

El analfabetismo entre mujeres indígenas es de 35.1%

Uno de cada 6 embarazos en México se da en mujeres adolescentes entre los 10 y los 19 años

Entre 1990 y 2014 fallecieron en México 29 mil 869 mujeres durante el embarazo, el parto o el postparto

El trabajo doméstico no remunerado representa aproximadamente el 21.7% del PIB nacional, y el 79.5% de esa riqueza la producen mujeres. En contexto, esta cifra es mayor al porcentaje de la industria manufacturera (16.5%) y el sector comercio (14.2%)

Las mujeres ganan un 30.5% menos que los varones en ocupaciones industriales, 16.7% menos como comerciantes y 15.3% menos como profesionales.

El 46.1% de las mujeres de 15 años y más ha sufrido algún incidente de violencia por parte de su pareja

De 2000 a 2014 el número de mujeres en la cámara de diputados se incrementó en más de un 50% y en la de senadores ellas han pasado a representar un 33%, contra un 18%. 

El 48.1% de las mujeres que fallecieron durante el embarazo estaban inscritas al Seguro Popular y fueron mal atendidas por los servicios públicos.

Hay menos de 200 presidentas municipales, lo que representa un 5.7% del total

Las recomendaciones en cinco áreas:

Salud: dar prioridad política y asignar presupuestos para prevenir y atender embarazos adolescentes desde una perspectiva de derechos y de género.

Educación: implementar un programa operativo de educación integral en sexualidad.

Empoderamiento económico: fortalecer las acciones para una distribución más equitativa de las labores domésticas y de cuidado entre hombres y mujeres.

Participación política: desarrollar acciones para una reforma político-electoral que garantice la presencia de mujeres calificadas en los cargos de elección popular.

Acceso a la justicia: diseñar e implementar un modelo único de intervención para todos los Centros de Justicia para las Mujeres.