Osea, que no hay manera de dispersar a los manifestantes que bloquean una autopista o que cierran abusivamente un centro comercial porque la fuerza pública, mal entrenada (y, sobre todo, mal reclutada porque se incorporan a las corporaciones individuos de muy dudosa solvencia), interviene a lo bestia y termina por matar a un adolescente o maltrata innecesariamente a personas que no tienen nada que ver.

El gobernador de Puebla tal vez no haya manejado debidamente el tema de Chalchihuapan donde, luego de que las versiones oficiales apuntaran que un menor de edad había muerto al ser impactado por un cohetón, resultó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que al chico lo mató un proyectil utilizado por la policía (no fue una bala, sin embargo, sino, según parece, una granada de gas lacrimógeno que debía haberse usado como mandan los protocolos, a saber, disparada a cierta distancia y no directamente contra personas).

Pero, más allá de las posibles torpezas u omisiones en las estrategias de comunicación, me parece excesiva la condena a un mandatario que, a contracorriente de tantos otros, pretendía tan sólo cumplir con la responsabilidad de poner orden. Y esto, en un país crecientemente amenazado, ahí sí, por la anarquía.

Desafortunadamente, ahí están las consecuencias de la ineptitud, por no hablar de la brutalidad, de los esbirros: la muerte de un inocente, para empezar, pero también la perpetuación de esa blandura de unas autoridades que, ahora más que nunca, se resistirán a intervenir así sea que una turba de vándalos tome por asalto tiendas, locales y viviendas (como ha estado ocurriendo en las calles de Oaxaca con los agitadores de la CNTE). Sigamos pues como estamos.