Sin el ánimo de llamar a cuentas a actores políticos acusados de diversas tropelías, en el Congreso del Estado se han dedicado a batear cuanta solicitud de juicio político ha llegado a sus manos, buscando cualquier pretexto legal para sacudirse la responsabilidad de sentar en el banquillo a miembros de la despreciada clase política local.

La actual Legislatura –donde el desprestigiado y desinflado PRI no tiene voz ni voto– ha roto récord en solicitudes de juicios políticos recibidas en sus primeros meses, con más de 30 peticiones que según “estudian” para ver si proceden, aunque hasta el momento el mensaje es que se seguirá privilegiando la impunidad.

Y es que el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, ex priista que preside la Comisión de Justicia en la que se decide el destino de los juicios políticos, la semana pasada informó que las denuncias contra los ex alcaldes de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, Gabriel Carballo Tadeo y Juan Parra López, quienes evadieron la responsabilidad de sus Ayuntamientos al no atender resoluciones judiciales por trabajadores despedidos, fueron desechadas por falta de elementos para proceder en su contra.

No importó que los priistas Carballo Tadeo y Parra López heredaran tremendo problema a sus sucesores en sus respectivos Ayuntamientos, porque los diputados de la Comisión de Injusticia consideraron que estos asuntos de índole laboral ya son cosa juzgada por las autoridades judiciales, y por ello no hay algo que recriminar a los ex alcaldes.

También se desechó el juicio solicitado contra el Ombudsman Harley Sosa Guillén, ya que según Carlos Mario éste ni siquiera es un servidor público y por lo tanto es inmune a cualquier acción de enjuiciamiento por parte del Congreso, aunque son los propios legisladores los que otorgan el nombramiento.

Estos diputados aún tienen 29 peticiones por resolver, entre ellas tres contra el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Víctor Vivas Vivas, y 26 contra el ex alcalde de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, los regidores de su gobierno y ex colaboradores, por presuntos desvíos de recursos.

La procedencia de estas solicitudes deberá resolverse en el transcurso de las próximas semanas por la Comisión de Justicia del Congreso, pero todo indica que correrán el mismo destino que las primeras: el archivo muerto. Por lo visto, los diputados quieren evitar a toda costa meterse en honduras.