Las recientemente divulgadas conversaciones de Lorenzo Córdova son reveladoras de distintos problemas nacionales, tres de los cuales encuentro especialmente graves: la carta de naturalidad que las grabaciones ilegales han adquirido, el racismo y los prejuicios lingüísticos.

Cada vez con mayor frecuencia se difunden grabaciones personales de personajes públicos, exhibiendo faltas legales o éticas. Con pocos días de diferencia hemos escuchado hazañas del presidente del INE, de Ricardo Monreal y de El Bronco. Ante las faltas, pocos parecen darle alguna importancia a la ilegalidad de las grabaciones, festejando por el contrario su difusión y, con su consumo, alimentando el mercado de este producto.

Yo no puedo encontrar materia de festejo, especialmente cuando la penalización por realizar esas espías ilegales nunca tiene lugar. Es decir, quienes tienen el poder, público o privado, para violar la privacidad de quien sea, a través del espionaje ilegal, saben que gozan de impunidad por sus actos. En consecuencia, pueden utilizar el producto de sus acciones, como las grabaciones que hemos oído (y las que no hemos oído) en función de sus estrictos beneficios particulares. No tengo por qué suponer que quien sea que haya realizado y filtrado la grabación de Córdova tuviera el mínimo interés justiciero para con los pueblos indios. 

La difusión de esa cinta responde a la satisfacción de sus propios intereses y la impunidad garantiza su libre uso. ¿Qué hay en las demás grabaciones que sin duda alguna se originan en el mismo aparato de espionaje? Sólo lo sabremos si quien las utiliza encuentra otro de sus intereses a satisfacer en ello. ¿Quién las llevó a cabo? ¿Hay una red de espionaje privado o se usa facciosamente el aparato nacional de inteligencia? Sería crucial saberlo.

La ilegalidad señalada no evita que las expresiones de Córdova merezcan reprobación ética, pero ésta debería, en un Estado de derecho, ir a la par de la penalización de los espías.

Desde la sociedad, más que festejar el abuso de los muy poderosos que pueden grabar a otros, tendríamos que preocuparnos de que nuestra propia privacidad, nuestro legítimo derecho a hablar con amigos y familia sin que nadie sepa de lo que hablamos esté realmente garantizada por el Estado mexicano.