Es curioso que en el momento mismo en que, emocionado yo por la visión de esos ciudadanos que aguardaban con ejemplar urbanidad el comienzo del desfile del 16 de septiembre en el Paseo de la Reforma, otros mexicanos —no necesariamente malhechores sino, a juzgar por las fotografías publicadas en los diarios, gente común y corriente (admitiendo, estimados lectores, el sesgo que puede tener una apreciación así, basada arbitrariamente en las apariencias)— perpetraban saqueos en comercios y tiendas de las localidades golpeadas por el huracán Odile. 

Podemos entonces recordar, al advertir los comportamientos de estas personas, que de no existir la fuerza del Estado —y de no estar siempre latente la amenaza de que pueda ejercer la violencia— ciertos individuos de la especie cometerían simple y sencillamente todos los abusos posibles en contra de sus semejantes: robos, violaciones, despojos, etcétera.

Y, a partir de ahí, subrayar la necesidad de que ese Estado, al que le encargamos nuestra seguridad porque como ciudadanos particulares somos mucho menos fuertes que él, está absolutamente obligado a contar con instituciones confiables manejadas por individuos de total integridad. En este sentido, la simple existencia, en nuestro país, de zonas enteras donde manda la ley del más fuerte es una colosal aberración. 

Cuando ocurren desastres naturales suele brotar lo mejor de las personas: la solidaridad, la unión y la filantropía. Ahora vemos, sin embargo, que surge también ese vándalo cavernario que todos llevamos dentro (y que, por fortuna, tenemos bien domesticado). 

Por cierto, el Estado, aparte de protegernos, debería de educarnos. Pues, no parece haber hecho bien la tarea.