Falta de prudencia del ex presidente Calderón. Ahora con el tuit en el que anticipa que la procuraduría de Michoacán podría manipular la autopsia del edil asesinado en días pasados. En mensaje subsecuente señala una verdad a medias: “no se solucionará la inseguridad mientras gobiernos locales sigan negándose a depurar policías y MPs, penetrados por el crimen”. 

Con esas expresiones queda claro que el expresidente Calderón tiene la convicción de que el gobernador en funciones, Fausto Vallejo, tiene vínculos con el crimen organizado. No es un tema menor porque el ex presidente será imprudente, pero no desinformado.

Michoacán se ha vuelto el asunto más grave del actual gobierno. El problema es profundo y trasciende por mucho a lo acontecido en el sexenio pasado. La criminalidad allí es más compleja por la complicidad social de por medio. Política, economía y religión se entreveran. 

Hay una mística vinculada a la criminalidad que no está presente en otros lugares, quizá en algunas partes de Sinaloa, pero no con la profundidad que muestran ciertas regiones de Michoacán, donde el narcotraficante es parte de lo cotidiano y pasa por igual como policía, criminal, predicador o representante popular.

El drama con los políticos es que trasladan a sus competidores las causas de los problemas que enfrentan. Esto fue muy común durante la presidencia de Calderón. Pero tiene suerte, al menos los de ahora, los que gobiernan, han sido más ponderados. Se pueden decir dos cosas de lo que hizo el ex presidente en su estado natal: primero, que pretendió enfrentar con todo a los criminales; segundo, que fracasó.

Hay acierto en la estrategia que privilegie acabar con la impunidad para disminuir al crimen. Hacerlo a rajatabla y sin la ley en la mano, como sucedió con el gobierno de Calderón, se vuelve en contra. Allí está la liberación del único detenido por la matanza de jóvenes en Chihuahua, Israel Arzate, no porque fuera inocente, sino por irregularidades en el proceso penal, imputables a la decisión de que sean militares quienes realicen labores de policía. 

El michoacanazo llevó al peor de los destinos porque no se pudo sustanciar legalmente lo que seguramente era cierto: la complicidad de autoridades municipales con grupos criminales. El efecto fue la impunidad como espectáculo.

La estrategia de enfrentar a los criminales sin criterios de legalidad no solo genera más violencia, sino que ofrecen saldos ominosos como es la violación de derechos humanos y el descrédito de la autoridad. Ahora México tiene la deshonra de estar señalado como uno de los países con mayor deterioro en materia de derechos humanos; y esto no solo por lo que ocurre con los migrantes, sino como efecto de la torpe respuesta institucional frente al crimen.

También se sabe ahora del doble discurso de los vecinos del norte, los mismos que aplaudían y azuzaban al presidente Calderón en su sangrienta estrategia eran quienes en documentos internos lo cuestionaban y descalificaban. 

Nada nuevo, así son los vecinos y por ello las decisiones de seguridad deben procesarse, como lo hacen ellos, bajo criterios propios y no compartidos. La génesis de EU es la amenaza del exterior, eso está en su ADN como nación.

El país sigue sin respuesta para superar el problema de inseguridad. Aunque hay una disminución de la violencia y de los crímenes de alto impacto, las cifras son insuficientes, además, de que puede ser el caso de que la baja en la violencia no necesariamente ocurra por virtud institucional, sino precisamente lo contrario, porque un grupo delictivo domina la plaza. 

El doctor Mondragón, hombre respetable, habla de avances y las cifras convalidan su dicho, pero también hay casos preocupantes como son policías federales en secuestros en Guerrero.

Abatir la impunidad es el paso obligado; para esta tarea no es suficiente una policía nacional de élite, tampoco soldados o marinos. Lo que se requiere es concretar un nuevo modelo policial y una procuración de justicia eficaz. Hay experiencias positivas a considerar como las de Tijuana, Chihuahua, Nuevo León o Aguascalientes. 

Los hechos revelan que la solución no está en el centro, sino en los estados, en el territorio. También indican que la vulnerabilidad mayor se presenta en las autoridades municipales. Sí debe darse curso al mando único, con los matices que el caso amerita. Las policías no solo deben estar adiestradas, remuneradas y equipadas; también deben contar con mística de servicio, sentido de cuerpo y estar bajo mando civil.

El secretario Osorio Chong hace un llamado a los munícipes. Éstos requieren más que siempre respaldo del centro y de sus respectivos mandatarios locales. 
Los ayuntamientos se debaten en el deterioro financiero y en la incapacidad para ejecutar proyectos más allá de tres años. Volver la vista a los municipios es paso obligado para la solución y así acabar con la impúdica impunidad.