Como una muestra de buena fe, en febrero de este año, la Secretaría de Hacienda anunció un acuerdo de “certidumbre tributaria”, en el que se comprometía a:

No proponer nuevos impuestos.

No aumentar las tasas de los impuestos existentes.

No reducir o eliminar los beneficios fiscales ni las exenciones existentes.

La Secretaría de Hacienda quiso congraciarse con los empresarios que habían terminado molestos con la reforma hacendaria. Por lo mismo, aunque al principio el gobierno quiso que el acuerdo de certidumbre fuera un pacto firmado con las cúpulas empresariales, solo quedó en un acuerdo de gabinete que los empresarios celebraron pero no firmaron.

A partir de la reducción en la previsión del crecimiento, las cúpulas empresariales quieren revisar el marco fiscal y revertir algunas de las medidas donde se les quitaron añejos privilegios.

Ayer me lo confirmó el presidente de Coparmex, Juan Pablo Castañón.

Cree que es urgente plantear medidas que “suavicen” el régimen fiscal y pensar en una nueva reforma para 2015.

El problema es que el Acuerdo de Certidumbre Tributaria dice claramente en su artículo sexto:

“Excepciones para realizar modificaciones a las disposiciones tributarias. En el periodo que abarca desde el día de hoy hasta el 30 de noviembre de 2018, el Ejecutivo federal solo propondrá modificaciones en respuesta a eventos macroeconómicos sustanciales ante los cuales sea imperante realizar ajustes al marco tributario. De no presentarse este tipo de eventos, el gobierno federal no propondrá al H. Congreso de la Unión cambios al marco tributario”.

Los empresarios quieren invocar esa cláusula. Es decir, quieren que la reducción a 2.7% sea interpretada como un “evento macroeconómico sustancial”. Suena complicado convertir al crecimiento —magro, pero crecimiento— en un evento sustancial.

Aunque en el fondo tal vez no estaría mal terminar con un acuerdo que pone grilletes a una herramienta fundamental de cualquier gobierno, que es la política fiscal.

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