En el segundo semestre de 2005, Adriana Manzanares, del poblado de Camalote en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, inició una relación extramarital con Virgilio Cruz. El esposo de Adriana se había ido a trabajar a Estados Unidos y por años no había vuelto. Pocos meses después se embarazó. En 2006 su marido regresó de Estados Unidos, la agarró a golpes y la dejó en casa de sus padres, quienes también la golpearon castigando la infidelidad. En abril de ese año tuvo un parto prematuro —imposible saber cuántos meses tenía, ya que nunca tuvo atención médica—. El recién nacido murió. Adriana guardó el cuerpo en una bolsa. Cuando Virgilio llegó a verla decidieron ir a la montaña y enterrarlo.

Un día después su padre habló con el comisario ejidal para denunciar que Adriana no le quería decir qué había sucedido con el bebé o quién era el padre. Se tocaron las campanas, se juntó el pueblo y a pedradas, insultos y escupitajos interrogaron a Adriana. Humillada e injuriada frente a su comunidad, amenazada, Adriana confesó quién era su novio y donde había enterrado al bebé. Lo hizo en Me´phaa. Adriana no hablaba español. El Ministerio Público —que solo habla español— tomó como bueno lo que el comisario ejidal le contó que había dicho Adriana. Y la acusaron de haber matado al bebé. En el pliego del MP hay frases sobre Adriana como estas: “Absurdo e incomprensible hecho que mantuvo una relación extramarital”. “Persona sin escrúpulos”. “Prefirió no enfrentar el resultado de su inconsciencia y falta de amor a sus descendientes”. Aunque Virgilio fue indiciado por encubrimiento —después fue exonerado— la culpa era solo de ella, dijeron. Adriana fue condenada a 22 años.

Hoy la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el caso de Adriana a partir del proyecto que preparó el ministro Arturo Zaldívar. La discusión se centrará en si lo sucedido hace siete años violó los derechos fundamentales de debido proceso, defensa adecuada, no autoincriminación y presunción de inocencia y si por lo mismo deben anularse las supuestas pruebas de cargo.

También se pondrá a prueba el premio de los derechos humanos que la ONU le dio a la Corte a finales del año pasado.