En este país puedes perpetrar terroríficos delitos y seguir tan campante. Ahí tienen ustedes, para mayores señas, ese pavoroso suceso de Chilpancingo, donde los estudiantes normalistas de Ayotzinapa incendiaron una estación de servicio y uno de los empleados murió abrasado.

Ah, y luego la policía, que nunca sabe cómo dosificar la fuerza, mató a dos de esos estudiantes que, por más agitadores y sediciosos que hubieran podido ser, debían ser simplemente controlados, contenidos y dispersados, pero no acribillados. Por un lado, vándalos violentos que actúan con total impunidad; enfrente, una fuerza pública que pasa en un parpadeo de la más irresponsable pasividad a la más escandalosa brutalidad. Y los culpables no aparecen, ni de un lado ni del otro.

A México, sin embargo, le urge ejercer, de manera tan firme como sensata, la violencia legítima del Estado. Y es que, por ejemplo, los daños provocados por los activistas de la CNTE en Oaxaca no solo son económicos y sociales —sus bloqueos y algaradas provocan pérdidas a los comerciantes, a los prestadores de servicios y a los trabajadores de todos los sectores mientras que sus paros causan un perjuicio terrible a los niños de las escuelas— sino que el mero hecho de que puedan actuar sin ningún control y sin respuesta alguna de las autoridades significa un inaceptable quebranto a la moral colectiva de la nación. 

Los mexicanos no somos los ciudadanos más ejemplares del planeta: tenemos serios problemas en lo que se refiere al ejercicio de los valores cívicos y el acatamiento de leyes y reglamentos. La práctica de la obediencia, luego entonces, debiera ser promovida intensivamente por nuestras autoridades para subsanar este desequilibrio de origen.

Sin embargo, ocurre justo lo contrario: una población necesitada de firmeza para aprender que la vida en sociedad implica respeto a los demás y observancia de los límites, recibe la malsana señal de que los valores pueden ser ignorados sin mayores problemas. Y no solo eso: adquiere una visión totalmente distorsionada de lo que es la justicia y, de paso, es alentada en el menosprecio a cuestiones tan fundamentales como el orden público y la rendición de cuentas.

Al mismo tiempo, los ciudadanos de este país nos acomodamos plácidamente a la realidad de una justicia que es aplicada de manera cerril, torpe, abusiva y violatoria de los derechos humanos. Lo digo por un episodio trágico acontecido hace poco: la muerte del hermano de una popular cantante, atropellado por un autobús en la capital de la República.

Resultó que este hombre, seguramente distraído, cruzó imprudentemente la vía reservada al bus en un punto que no era paso peatonal. En un país civilizado, los peritos se personan en el lugar de los hechos y determinan prontamente las responsabilidades de los involucrados. Pues bien, aquí lo primero que pasa es que al conductor lo detienen y lo mandan a la cárcel. Digo…