"El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza."

Hay una fuerte oposición a la ley de aguas en México, con la cual se pretende privatizar el vital líquido. 

Es una clara violación a la Constitución en su artículo 4 y al derecho internacional amen a la creciente oposición a la ley de aguas en México.

La ley no garantiza el derecho humano al agua: “como se estipula en convenios internacionales, e inclusive en la Constitución Mexicana, se indica que el consumo mínimo debe ser de 100 litros de agua al día, si es posible un poco más. La ley que ahora quieren establecer considera que 50 litros son suficientes. Eso es una ofensa. ¿Cómo es posible que 50 litros alcancen para que la gente se asee, tome agua y prepare sus alimentos? Es imposible. Se está violando el derecho humano al agua”.

En la ley se habla de suministrar el vital líquido a las grandes concentraciones urbanas, descritas como “asentamientos humanos”, pero a las poblaciones marginadas no se les considera prioritarias. Esto también afecta a los pueblos indígenas. Los recursos hídricos que se encuentran en sus territorios ancestrales serían usados “para llevar agua a zonas donde esta se paga bien”.

Si bien en el texto de la ley de aguas no se menciona la privatización del vital líquido, se le considera un bien económico. Asimismo, se habla de la participación de concesionarios privados, por ejemplo de empresas, en la administración del agua.

La ley “abre la puerta a una participación amplia e intensa de la iniciativa privada”. No hay mecanismos regularizadores o “candados” que garanticen el derecho humano al agua. Para solucionar el problema de la escasez de agua que impera en algunas regiones del país, se propone el trasvase de agua de una cuenca a otra mediante megaproyectos de infraestructura. “Estos trasvases son una excusa para poder llevar agua de un lugar a otro”.

Una de las hipótesis es que el agua de los trasvases estaría destinada a la extracción de gas y petróleo vía “fracking”, que contempla la reforma energética. Los trasvases son “medidas extremas”, cuyo impacto sobre los ecosistemas aún no se puede vislumbrar. 

La ley enfrenta una fuerte oposición, porque restringe la posibilidad de emprender estudios sobre el agua. Quienes no cuenten con el permiso de la Comisión Nacional del Agua, podrían ser sancionados con hasta 50.000 días de salario mínimo.

“Es algo muy fuerte pensar que como comunidad no se puede pedir a algún centro de investigación que estudie la calidad del agua que está llegando”, la ley limita el derecho a la investigación independiente: “Es como decirle a uno, ‘si el estudio me conviene, te puedo dar permiso, si no me conviene, no'. Todo esto es completamente autoritario, no tiene ni el más mínimo matiz democrático”.

Esta ley como la Reforma Energética representa un modelo de explotación de los recursos naturales.