Cuando el tema es verdaderamente importante, aparte de trascendente, los Estados modernos han implementado un mecanismo para consultarle su opinión al pueblo soberano.

En estos pagos, le llamamos “consulta popular” a lo que en otras partes se conoce como referendo o plebiscito. No es una mascarada escenificada en una plaza pública donde el tribuno pregunta a sus seguidores —por eso están yaallí, en el acto de masas, en lugar de haberse quedado cómodamente apoltronados frente al televisor en sus casas— si debe ser consagrado como líder máximo y éstos, con el debido fervor, le expresan su incondicional adhesión alzando unánimemente el dedo; no es una farsa —repito—sino un procedimiento establecido formalmente en las leyes.

Y así, en Quebec se celebró un referendo, el 30 de octubre de 1995, para que los ciudadanos decidieran si su provincia debía separarse de Canadá y convertirse en un Estado independiente. Los resultados, por cierto, fueron estrechísimos: un poco más de la mitad de los votantes respondieron negativamente contra un 49 y medio por cien que sí deseaban la independencia. Ni unos ni otros, sin embargo, cuestionaron las cifras.

El ejemplo de Canadá alimenta las reivindicaciones de esos catalanes que, en abierto desafío a los preceptos establecidos en la Constitución española de 1978, pretenden llevar a cabo una consulta, el próximo 9 de noviembre, con dos preguntas de contundente claridad: “¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado”; y, en caso de respuesta afirmativa: “¿Quiere que ese Estado sea independiente?”. Los independentistas catalanes se preguntan, con toda razón, si un país como Canadá ha admitido que se celebre un referendo sobre la separación de la más importante de sus provincias, ¿por qué el Reino de España no concede ese derecho a una de sus comunidades autónomas? Lo que ocurre es que, en lo referente a la antedicha Constitución, el artículo segundo establece la indisoluble unidad de la nación española.

El referendo sería de tal manera improcedente pero, para avalar la convocatoria del 9 de noviembre, el Parlamento de Cataluña solicito al Congreso de los Diputados una cesión de competencias, que le fue negada por abrumadora mayoría, y ahora ha elaborado su propia ley de consultas.

Los catalanes no son los únicos: en Escocia, se va a llevar a cabo un plebiscito, este 18 de septiembre, para decidir si rompen su unión con el Reino de Inglaterra, y vuelven a constituir ese Estado soberano que existía antes de que se estableciera, en 1707, el Reino Unido.

Las encuestas, tanto en el caso de Cataluña como el de Escocia, no parecen favorecer demasiado a los independentistas pero, por lo pronto, la gran reclamación de los catalanes es sobre ese derecho a decidir del que sí gozan otros países.

Estamos hablando, en todo caso, sobre la necesidad de llevar a cabo un referendo cuando el tema es de gran trascendencia para una nación. Sin embargo, los intereses de la política se entremezclan también en el asunto: David Cameron, el actual primer ministro del Reino Unido, está explotando diestramente los proverbiales sentimientos de aislamiento de los británicos y les promete, de ser reelegido en 2015, que va a celebrar luego un referéndum sobre la permanencia de su país en la Unión Europea, ni más ni menos.

Y, en nuestro país, recién aprobadas las leyes secundarias para llevar a cabo la consulta popular que se promulgó en la Constitución, los partidos se aprestan alegremente a servirse del instrumento para contentar a la ciudadanía. Quien lleva la ventaja, hay que decirlo, es el PRD: desde siempre, su negocio ha sido esa democracia callejera de muchedumbres convocadas para sacar pecho públicamente, de masas vociferantes que muestran músculo en un Zócalo donde cabrían millones de individuos y de asambleas obligadamente populares que, ahí sí, expresarían el verdadero sentir de los mexicanos. Y vaya regalo del cielo, entonces, el de poder hacer las cosas como dios manda, con los recursos del Estado, para llevar a cabo sin intermediarios la madre de todas las consultas “populares”, a saber, esa que debiera revocar una reforma energética a la que siempre se ha opuesto tozudamente el partido del sol azteca. Falta, sin embargo, que la Suprema Corte diga la última palabra.

En el PAN, mientras tanto, como no podían dejar de subirse al vagón de las consultas (ahí están, en bandeja de plata, esas prerrogativas constitucionales otorgadas a los ciudadanos, para servirse de ellas y sacar réditos políticos), han decidido preguntarnos a los mexicanos si debemos ganar más dinero. La respuesta, creo yo, no será como la de Escocia o Cataluña: responderemos afirmativamente. En este país sí que tenemos las cosas bien claras. A ver si se enteran los demás.

Y el PRI, por último, se suma a la antipatía nacional hacia los miembros de nuestro Congreso bicameral y nos va a consultar sobre si se debe reducir su número (pues, que pongan sus barbas a remojar, los “plurinominales”, porque les vamos a cortar la cabeza).

Y, luego, a ver qué otras cosas nos preguntan los partidos. Esto apenas comienza.