24 de Septiembre de 2018

Opinión

La oposición sigue roncando en Chetumal

En contadas capitales se detecta un desequilibrio tan acentuado en la formación de cuadros políticos...

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En contadas capitales se detecta un desequilibrio tan acentuado en la formación de cuadros políticos, ya que en Chetumal gran parte de la población está ligada al PRI o es atrapada en la irresistible órbita de este partido que todo lo abarca y enamora, dejando un espacio muy limitado para quienes se animen a participar en la oposición.

El carnaval priista para la elección de su candidato a la presidencia municipal capitalina muestra un variado juego de cartas, comenzando por Pedro Flota Alcocer e incluyendo a Arlet Mólgora Glover y Alondra Herrera Pavón, quienes impulsadas por la equidad de género pretenden arrebatarle el venado al Presidente de la Gran Comisión del Congreso.

El chetumaleño de la colonia sabe que el PRI tiene el triunfo garantizado en la alcaldía de Othón P. Blanco (Chetumal), y por ello apuesta a lo seguro cuando llega el momento del relevo. Porque basta con la selección de candidato tricolor para que se agiten voluntades y medio mundo parta al encuentro del próximo alcalde, como ha ocurrido desde 1975.

Y los contrastes son abismales porque el PRI acumula vigor electoral, mientras sus oponentes son más quebradizos, con consistencia de polvorón  la hora de competir.

Mención aparte merece el surgimiento del partido Convergencia, que en el proceso de 2002 se plantó como un marrullero retador, llevando a Guilbert Canto Massa como su candidato a la alcaldía capitalina, disputando el cinturón al priista Eduardo Espinosa Abuxapqui.

Convergencia floreció en los primeros años del gobierno de Joaquín Hendricks Díaz, quien dejó sueltos a sus demonios en un arrebato de soberbia: Joaquín González, Castro, Jorge Polanco Zapata, Roberto Erales Jiménez, Nahum Fuentes Morales (en los cielos), Mario Bernardo Ramírez Canul, Javier Cal López, Manuel Valencia Cardín, Martha Morga Arias, David Alvarez Cervera, William Souza Calderón y el ex gobernador Jesús Martínez Ross.

Esa legión de ex priistas eclipsó el semblante de Hendricks, quien en la elección local de 2005 contempló el desplome de sus caballos y alfiles en varios frentes distritales, como su compadre Moisés Pacheco Briceño, Cecilia Loría Marín y Arturo Fernández Martínez, doblegados en el sur por Juan Carlos Pallares Bueno, David Alvarez Cervera y Mario Rivero Leal, postulados por la chispeante coalición PAN-Convergencia.

Convergencia demostró de 2002 a 2005 que era posible competirle al PRI sin ser esos bultos que le envían al “Canelo” Alvarez. Porque el médico Guilbert Canto fue un adversario que disputó con bríos la alcaldía a Abuxapqui, quedando en la tercera posición.

Estas figuras contestatarias con enorme presencia están ausentes en la capital del estado, donde el priista que obtenga la candidatura pompeyense solo tiene que cumplir con el ritual de la campaña, confeccionando su equipo de colaboradores para la suculenta encomienda.

En el actual escenario destaca la putrefacción de un perredismo que emergió en el sur a fines de la década de los 80 con una musculatura que exigió al máximo al PRI, con Miguel Borge Martín en la gubernatura.

Refugiado en Cancún, el PRD abandonó el sur para dejar a los priistas como amos del ring. Y con el proceso electoral casi en marcha el perredismo no tiene una sola figura digna de mención, una tragedia porque hablamos de la capital de un estado, posición estratégica en cualquier latitud.

Morena ganaría terreno en esta elección, pero difícilmente pueda amenazar a un PRI que ya tiene la silla municipal en sus manos, desenlace que desanima a los electores que prefieren desplomarse en el confort del abstencionismo.

No pueden con el “bullying”

El continuo crecimiento de los índices de acoso escolar o “bullying”, término anglosajón con el que se identifica este fenómeno en las escuelas de educación básica demuestra que los programas y acciones emprendidos por diversas instituciones públicas han fallado, pues su impacto es nulo y la violencia en las aulas sigue siendo parte de la cotidianeidad de miles de niños y jóvenes quintanarroenses.

El pulso real del problema lo tienen a la mano los propios estudiantes y sus padres, quienes desde su perspectiva aseguran que el esfuerzo gubernamental contra el bullying de nada ha servido, ya que muchos de sus hijos siguen padeciendo de este flagelo social.

Apenas el año pasado y tras muchas llamadas de alerta por parte de intelectuales y académicos, se diseñó en el estado el “protocolo de actuación en casos de bullying”, lanzado de manera conjunta por la Secretaría de Educación y Cultura y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo, el cual estableció cinco pasos para atacar al acoso escolar desde dentro de las escuelas.

El primer paso del protocolo sería la identificación del problema dentro de las aulas o espacio escolar; una vez identificado se establecería comunicación con las autoridades educativas inmediatas para llegar al tercer paso, que sería la intervención.

Como cuarto paso se valoraría la gravedad del caso para establecer las medidas disciplinarias, y termina el protocolo con la atención total.

Se esperaba que todo este proceso se diera en un máximo de 72 horas después de que se detectaran los casos de “bullying”, y cada caso atendido tendría que ser reportado con detalles ante la autoridad educativa y hacerlo de conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos.

Pero una vez más el papel, con todo y las firmas de altos funcionarios de ambas instituciones, fue pisoteado por la realidad, ya que las escuelas mantienen un hermetismo criminal cuando se detectan casos graves de acoso para evitar que el personal docente y directivo sea expuesto a una sanción por omisión o negligencia.

De manera extraoficial se averiguó que el total de casos de bullying detectados y reportados desde la implementación del protocolo de actuación es de cero. Un redondo cero.

No es el protocolo el culpable, sino la simulación de toda la cadena de autoridades involucradas en el tema, desde los profesores y directores, hasta la cúpula de la Secretaría de Educación y de Derechos Humanos, que ni siquiera se encargan de vigilar y garantizar que las acciones de combate al bullying se apliquen con la seriedad que amerita.

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