El organismo había nacido ya lisiado el 31 de mayo de 2004. Aún con sus poco más de 20 millones de pesos de presupuesto anual inicial, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Itaipqroo) sirvió mansamente para llenarles la bolsa a los tres noveles consejeros ciudadanos que, de la nada, sin mayor mérito, tuvieron acceso a lo que nunca en su vida hubieran pensado llegar tan fácil y tan “legalmente”, tanto, que sus discusiones no giraban en torno a la manera de perfeccionar la amorfa Ley de Transparencia aprobada en la X Legislatura local, sino en los modelos de automóvil que tendrían que comprar para su uso personal desde el primer año en funciones. Porque los tres tendrían que ser iguales, incluso, en el color.

Esta añeja historia, de la que solamente sobrevive con mediocre desempeño en el servicio público Enrique Norberto Mora Castillo (recuerdo que los otros dos se hicieron notarios), salta nuevamente al escenario ante una reforma a la propia ley, pero en el contexto federal que, después de una serie de escaramuzas entre PAN-PRD-Movimiento Ciudadano-PT y el PRI-PVEM en la Cámara de Diputados, finalmente incluye a partidos políticos, sindicatos y fideicomisos como sujetos obligados, además del Banco de México, la PGR, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y toda persona física o moral con respecto de los recursos públicos que reciba y ejerza.

La reforma también confiere autonomía constitucional al órgano de transparencia para, entre otras cosas, sancionar a aquéllos sujetos obligados que nieguen la información solicitada, al igual que anteriormente lo hicieron a los solicitantes que hicieron mal uso de la información obtenida por ese conducto.

En espera de la virtual palomeada en el Senado y a reserva de los recovecos que la nueva ley pudiera tener, me parece un importante avance en el plano del derecho a la información en México y una ventana a la posibilidad de poder castigar a los malos funcionarios públicos, políticos, líderes gremiales y, en general, a todo aquél que haga mal uso de los recursos del erario o, en su defecto, una condicionante importante para aquél que pretenda el peculado.

El detalle es que, en un escenario político como el de Quintana Roo, donde los órdenes de gobierno, los Poderes del Estado y todo lo que huela a administración pública está tintado de tres colores, difícilmente podremos ver el enjuiciamiento de algún responsable de la debacle económica que afronta la entidad que, dicho sea de paso, nada tiene que ver con la crisis financiera generalizada.

Así, nuestro Itaipqroo, ahora con prótesis de última generación, seguirá siendo el ente gris que ha sido desde su concepción, no tanto por la falta de herramientas legales para hacer valer la transparencia en el manejo de los recursos públicos, sino porque dentro de la cofradía que otra vez concretó el partido político en el poder, no habrá más ley que la suya. Contra los acuerdos en corto, el compadrazgo y el cuatachismo no hay ley escrita o valor intrínseco que valga.

No sé si usted habrá intentado alguna vez obtener información a través del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es más, no sé siquiera si el común de la gente conoce para qué sirve y dónde se ubican sus oficinas centrales, porque, contrario a su vocación, el organismo tiende más a pasar desapercibido que a hacerse notar entre los ciudadanos como una herramienta legal para acceder a la información de los servidores públicos como tales, dependencias de gobierno y, en breve, a otras tantas organizaciones y hasta empresas.

Y en verdad que no quiero ser pesimista. Sólo es que luego de ser testigo de tanta canallada, descaro y codicia, uno queda escamado.

En fin, demos al remozado ordenamiento el beneficio de la duda y, sobre todo, si hay algún hecho que provoque suspicacia, solicitemos información. Que el Itaip se sature de  solicitudes ciudadanas.