Ayer MILENIO consignaba que febrero fue el mes menos violento de los últimos 40 meses. Las ejecuciones en el mes fueron ligeramente superiores a 900, cantidad significativa, pero menor a las acontecidas desde noviembre de 2009. Ayer, también, era asesinado el secretario de Turismo de Jalisco, José de Jesús Gallegos, y en Nuevo Laredo era secuestrado el consejero electoral distrital Ramiro Garay. Aunque a la baja, la violencia persiste.

La inseguridad no es un problema heredado del pasado inmediato; es un fenómeno que se ha incubado en el tiempo. En su momento las autoridades no advirtieron la gravedad de la situación y no atendieron con el énfasis necesario la debilidad de las instituciones de seguridad. En el pasado inmediato el gobierno federal no pudo concertar con estados y municipios una acción coordinada. Los malos humores del presidente Calderón los padecían hasta los propios mandatarios y alcaldes del PAN. Se volvió común la recriminación pública del Presidente a los gobernadores. Por otra parte, la propuesta del gobierno anterior sobre el mando único es válida y ha sido un acierto que las nuevas autoridades hayan decidido avanzar en dicho proyecto.

Hacer realidad cuerpos de policía confiables en los estados será un proceso que llevará tiempo y una inversión considerable. La misma gendarmería nacional llegará a diez mil activos después de un año de gobierno, además, es un cuerpo de policía nacional. Se requiere que los estados, no únicamente la Federación, cuenten con policías profesionales y confiables.

En zonas de frecuente incidencia de delitos de alto impacto y de presencia del crimen organizado ha habido casos exitosos sobre los que hay que aprender y también identificar las condiciones que hacen replicable el ejercicio. El estado de Nuevo León ha avanzado en la conformación de una policía confiable, al igual que los municipios de Tijuana y Ciudad Juárez han mostrado resultados positivos para revertir la violencia. En estos casos hay significativa presencia de la sociedad y de los sectores productivos, así como compromiso y coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal.

Pero el problema de la inseguridad no se resuelve solo con policías confiables, se requiere de atacar en todas sus partes y dimensiones el problema. Por ejemplo, el sistema penitenciario nacional es un desastre y es un cáncer que nadie quiere atender. En su abrumadora mayoría, las cárceles mexicanas no solo registran hacinamiento y deplorables condiciones para reos y sentenciados, sino que los delincuentes de alta peligrosidad tienen el control. Con frecuencia los reclusorios son santuarios de los grupos criminales y también escuela de delincuencia. La inversión que se hizo en el pasado en el sistema carcelario fue importante, pero insuficiente. Queda claro que es en los extremos del tejido social —la cárcel y los reos— es donde se identifica con mayor claridad el fracaso y la magnitud del desafío por delante.

Una de las manifestaciones recientes más preocupantes en materia de seguridad es la aparición de los llamados grupos de autodefensa. La reacción inicial de las autoridades fue vacilante, incluso se percibió la disposición de reconocerlas y atraerlas hacia la legalidad por la vía del acuerdo. Afortunadamente, pronto hubo corrección y quedó claro el peligro que representan dichos grupos armados para la observancia de derechos humanos y que pudieran estar al servicio del crimen organizado, como ha quedado de manifiesto en detenciones recientes.

Aunque las cifras agregadas en el nivel nacional muestren un escenario alentador, hay zonas del país que registran un agravamiento de la situación. La región lagunera da cuenta de esto y aunque las autoridades locales de ambos estados y la federal han hecho un esfuerzo importante en materia de vigilancia, persiste el clima de violencia. Es muy preocupante el ataque a los medios de comunicación, como ocurrió con en el Siglo de Torreón, pero también hay que decir que son muchos los negocios bajo extorsión de criminales y personas objeto de agresión criminal. Lo más importante de todo es llevar a la justicia a los delincuentes. Acabar con la impunidad es la mejor respuesta para inhibir el delito y, de paso, para que las mismas personas recuperen la tranquilidad y su confianza en las autoridades. Por esta razón es una respuesta alentadora que se haya detenido a la banda de presuntos responsables de los hechos delictivos recientes en La Laguna.

Hoy que se cumplen los 100 días de inicio del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto debe haber una reflexión honesta y clara de la situación de inseguridad. La exigencia pública de ganar la batalla al crimen está presente. Cierto es que no todo compete al gobierno federal, pero mucho importa la voluntad presidencial y las decisiones del Congreso de la Unión. Una visión centralista no llegará muy lejos, porque el crimen está en el tejido social, lo que remite, necesariamente, al territorio, a las comunidades, barrios y colonias. Ante esta realidad es fundamental que el gobierno federal ratifique su compromiso con hechos y resultados, así como su capacidad y eficacia para ganar la batalla al crimen.