Hace tiempo que no escuchaba tanta contradicción oficial como la expresada en estos días por las autoridades de Culiacán. Extraña que sus palabras y desempeño ante la marcha pro-Chapo Guzmán del domingo no encendieran las alarmas en la CNDH y organizaciones defensoras de las libertades.

Es comprensible que al ayuntamiento de Culiacán y al gobierno de Sinaloa no les gusten esas protestas. Al del DF no deben gustarle las de los maestros, o al de Veracruz las de los periodistas, pero eso no da vía libre a la amenaza y la represión, pésimamente explicada por lo demás.

Informa el ayuntamiento que detuvo a 211 personas por: a) perturbar el orden en la vía pública, b) gritar “palabras altisonantes” (sic) y llevar grupos musicales, c) alterar, en fin, el Bando de Policía y Buen Gobierno. Pero acto seguido denuncia: d) que los manifestantes son traídos de otros municipios, e) “que vienen por su dinero, sus regalos”, e) que quienes los traen lucran con la necesidad de la gente.

De remate, el ayuntamiento señala que al final de la marcha los manifestantes incurrieron en desmanes y violencia. Las crónicas refieren más bien lo contrario: una actitud hostil y provocadora de la policía municipal.

Qué peligrosa confusión de una autoridad que no quiere respetar a plenitud el derecho a manifestarse. Y que desempolva el discurso de la incitación a la violencia, el discurso diazordacista con una barnizada bolivariana-madurista.

Están a tiempo de corregir. Los pro-Chapo anuncian una marcha el sábado en Durango. Y difícilmente se van a estar quietos en Sinaloa. Porque, guste o no, en esta tienen a la ley de su lado.