En vísperas de que la Corte admitiese la demanda de controversia constitucional promovida de nuevo por Quintana Roo para defender su integridad territorial, el gobierno de Campeche lanzó en las primeras horas de este miércoles un operativo con su Grupo de Coordinación Interinstitucional de Seguridad para desalojar y destruir las viviendas de 40 familias  quintanarroenses de la comunidad de San Isidro Aguas Amargas, a quienes se acusa de delitos ambientales.

Doce campesinos quintanarroenses fueron detenidos y trasladados a Campeche, acusados de delitos ambientales por arrasar 15 hectáreas en una zona natural protegida del municipio de Calakmul, creado en la zona en litigio perteneciente a nuestro estado.

Ejidatarios se desplazaron a Chetumal para denunciar los hechos y pedirle ayuda al alcalde capitalino Eduardo Espinosa Abuxapqui, quien les garantizó el respaldo. Los damnificados se refugiaron en la comunidad cercana de Crescencio A. Rejón y denunciaron que durante el desalojo fueron maltratados hombres, mujeres y niños.

Los policías con motosierras destruyeron las viviendas de madera y se apoderaron de sus pertenencias, incluidas herramientas de trabajo en la milpa, ropa y alimentos.

En el operativo fueron detenidos 12 campesinos –entre ellos un menor de edad y un anciano–, a quienes se señala como responsables de devastar 15 hectáreas de una zona natural protegida. Los policías no mostraron las órdenes de aprehensión.

Y los 12 detenidos fueron trasladados a Campeche en calidad de indiciados, para rendir su declaración ante el Agente del Ministerio Público de la Federación.

La comunidad de San Isidro Aguas Amargas forma parte de la alcaldía de Cerro de las Flores, perteneciente al municipio capitalino de Othón P. Blanco. Fue creada en 1996 en la zona que por décadas ha estado en disputa. 

La demanda de controversia constitucional permaneció en los dominios de la Suprema Corte hasta 2005, cuando una reforma constitucional otorgó al Senado de la República la facultad para atender y resolver conflictos limítrofes entre entidades.

En 2013 la Cámara de Diputados reformó la Constitución para devolver la facultad a la Corte, pero los expedientes de la demanda de controversia fueron archivados por la Cámara de Senadores, al dar por concluido el asunto. 

Fuentes del gobierno de Quintana Roo precisaron que en la nueva acción de controversia se demanda al Senado por “retención y no devolución” de los expedientes remitidos por la Corte en 2005.

La demanda consta de 82 hojas, y en ella participaron abogados y expertos de los tres poderes. Y al admitir la demanda, la Corte solicitó al Senado que le remita los expedientes de las controversias constitucionales de 1997.