Quién sabe qué se encontró en sus viajes matutinos que ayer, en su cuenta de Twitter, mi compañero Héctor Zamarrón hizo una propuesta bastante simple: si la policía del DF  aplicara el reglamento de tránsito, la calidad de vida de la ciudad se incrementaría notablemente. 

Creo que Héctor tiene toda la razón. 

No solo eso, el Centro de Estudios Mario Molina piensa que menos caos vial es un gran aliviane para la contaminación ambiental generada por los automóviles.

En alguna otra entrega he resumido la historia. La capital pasó de una policía con niveles de corrupción y criminalidad atroces a una ineficiente y más bien derrotada que lidia con una ciudadanía que mayoritariamente la desprecia. En medio de eso, abdicó de la responsabilidad de regular el tráfico con la aplicación del reglamento.

Fue en algún momento del sexenio de López Obrador que se tomó la decisión de que la mejor receta para evitar la corrupción cotidiana, la mordida, era que simplemente se acabara esa interacción entre ciudadano y policía de tránsito. Los números de infracciones por faltas a vehículos en movimiento bajaron dramáticamente en esos años.

Se terminaron divisiones enteras de la policía como los gruyeros, de los más transas. La misma medida se tomó respecto a los exámenes para obtener una licencia —se acabaron— y se expidieron licencias permanentes. No sabemos quién o cómo manejan los que manejan, pero no hay corrupción en esas oficinas. Durante el sexenio de

Ebrard se intentó recuperar el papel de la policía y se llegaron a asignar 500 elementos “autorizados para infraccionar”. Quinientos. Una gota en el océano. No tengo claro cuál es la estrategia de Miguel Ángel Mancera. 

Lo que sí tengo claro es que el caos en nuestras calles es cada vez peor. 

Le preguntaban ayer a Zamarrón en Twitter que si lo que quería era el regreso de los tamarindos mordelones. Y hubo un muy buen porcentaje que afirmó preferir el caos que vivimos que lidiar con la autoridad y obedecer una ley. 

La idea de Héctor y sus reacciones me ayudaron a pensar de otra manera en las nuevas leyes de telecomunicaciones y en las regulaciones que hoy se discuten para regular a empresas energéticas. Porque lo que no hemos resuelto en México de manera sana es la relación entre la norma, la autoridad que la aplica y el ciudadano (o la empresa o el sindicato) que debe obedecerla o será sancionado. 

Hasta hoy, la única fórmula de éxito probado sigue siendo, el que no transa no avanza.