19 de Julio de 2018

Opinión

La revuelta contra el Pacto

Para los impugnadores las consecuencias son doblemente negativas.

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Desde hace tiempo en el PAN se alzan voces contra el Pacto por México. Algo semejante ocurre en el PRD con Marcelo Ebrard en su reaparición pública. Quienes impugnan el acuerdo no lo hacen por su contenido, sino por sus efectos políticos. Para los impugnadores las consecuencias son doblemente negativas: la imaginaria, el reposicionamiento del PRI y de Peña Nieto; la real y motivación fundamental para su rechazo, el reposicionamiento de la dirigencia nacional de los partidos opositores que suscriben el Pacto.

También en sectores de opinión se acentúa el cuestionamiento, los mismos que ridiculizan a quienes lo defienden o muestran sus logros. Ejemplo de ello ha sido la embestida contra la diputada Purificación Carpinteyro, objeto de una excesiva carga por su opinión de lo que significa lo aprobado por la Cámara de Diputados en la reforma constitucional de telecomunicaciones; en ella no hay ingenuidad, doblez ni ignorancia. No importa, se le ha dado un trato desproporcionadamente crítico.

En el caso también está una corriente de opinión que compró la idea sobre las limitaciones personales del presidente Peña Nieto. Para ellos es una ofensa personal que su pronóstico se haya venido al piso; de lo que se trata es regatear reconocimiento. Lo cierto es que el Pacto ha carecido de un escrutinio crítico serio, ejercicio tan necesario como útil.

En los partidos subyace la preocupación sobre los presuntos efectos electorales. La senadora María Luisa Calderón y el ex gobernador Ernesto Ruffo han dicho que el acuerdo debilita la posición del PAN. La realidad es que las dificultades políticas y electorales del albiazul anteceden al Pacto y tienen que ver con el sometimiento del partido a la lógica del poder, en particular cuando se gobernó a contrapelo del mandato partidario. Sí, es un hecho que el Pacto por México ha sido oxígeno para el dirigente Gustavo Madero, y es natural que sus competidores en el Senado o fuera de éste lo cuestionen, sin que pasen a cuenta al presidente Calderón por haber cedido durante su gobierno a la lideresa magisterial ahora sujeta a proceso, solo como ejemplo.

El caso de Marcelo Ebrard no es muy distinto. El momento para regresar a la escena pública fue el adecuado, no así los temas, especialmente, su exigencia de renovar anticipadamente la dirección nacional del PRD y el cuestionamiento al Pacto por México. Paralelamente, se ha involucrado en un debate con el gobierno del DF, del que nadie, ni Mancera, ha salido bien librado. El saldo final de Ebrard en su regreso político le es muy adverso: perdió con la dirigencia actual, se distanció de su sucesor y se le percibió arrebatado en su afán de regresar al primer plano de la política nacional, al grado de asociarse con lo peor del PRD, el bejaranismo.

La temporalidad del Pacto no la determinarán las presiones internas de los partidos, tampoco el desenlace de los comicios de julio próximo en 14 estados. Después de la reforma de telecomunicaciones vienen dos proyectos legislativos de la mayor trascendencia y difíciles de consensuar: energía y reforma hacendaria. No obstante, es mucho lo que se puede lograr más allá de los aspectos más polémicos.

La reforma del sector energético es necesaria y urgente. La modernización de Pemex y CFE es impostergable; una vez que se valoran los argumentos más allá del prejuicio y del dogma se vuelve evidente lo mucho por hacer. Lo peor para el país es que el estado de cosas se preserve por la inmovilidad de los políticos, como sucedió en los últimos 12 años. Sin duda este tema es el que mayor dificultad reviste, en especial para la izquierda.

En materia hacendaria la clave está en vincular el ingreso y el gasto. La burocracia hacendaria de siempre ha querido más ingresos sin comprometer el sentido del gasto, situación insostenible para una reforma fiscal de gran calado. Cuatro son los aspectos que deberán atenderse: el término a los privilegios fiscales, el fortalecimiento a las haciendas estatales y municipales, la inclusión del sector informal y la responsabilidad en el ejercicio del gasto en términos de destino, transparencia y probidad. Es indudable que el ámbito del Pacto por México es insuficiente para el acuerdo. Por su contenido y alcance requiere de un esquema en el que participen los sectores productivos, el social y el conjunto de la sociedad civil.

Es evidente que el Pacto por México tiene término y llegará tan lejos como lo requieran y estén dispuestos quienes lo han suscrito. Su fin puede ser el que deviene por haber concluido su ciclo. También es susceptible de transformarse: el mejor de sus destinos es que se instituya como un compromiso de unos por la civilidad política y de todos por la legalidad, uno de los temas transversales de la vida nacional.

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