Es explicable pero contraproducente a su propia causa que el PRI de Michoacán salga a dar la cara por su gobernador. Los números de la elección de 2011 son indefendibles y a la luz de la evidencia que incrimina al operador político del entonces candidato y ahora gobernador, por vínculos con el grupo criminal Los caballeros templarios, vuelve inevitable la revisita a los comicios de 2011.

Fausto Vallejo fue el mejor candidato que pudo presentar el PRI. Esto ocurrió en el marco del desprestigio generalizado del gobierno de Leonel Godoy y en medio de una inocultable relación de la política con el crimen organizado. Una población vapuleada y humillada frente a autoridades locales y municipales coludidas o sometidas al crimen. Fausto había sido cuatro veces alcalde de Morelia, su fortaleza para ser candidato del PRI era evidente. El entonces presidente, Felipe Calderón, había enfrentado con todo a los criminales; que su hermana fuera candidata por el PAN a la gubernatura obligaba a los Templarios a actuar electoralmente más allá de lo ya practicado, para así evitar su arribo al poder.

Aunque el PRD postuló a un muy buen candidato, Silvano Aureoles, quien continúa siendo la principal opción de tal partido en la entidad, no pudo revertir el desprestigio del gobierno local. La contienda se dio entre la aguerrida hermana del Presidente, Luisa María Calderón, y el alcalde de la capital, Fausto Vallejo. El resultado fue estrecho en extremo; con un listado de tres millones 400 mil electores, poco más de 50 mil votos hicieron la diferencia. Fausto incrementó la votación del PRI en 1.7 veces respecto a la elección de 2007. Como era de esperarse, en Morelia, su principal bastión, el aumento fue de 2.6, pero eso no decidió la elección. El debate no es qué sucedió en Morelia o Zamora, sino en los municipios bajo dominio de los Templarios. En Apatzingán, que no estaba gobernado por el PRI, Fausto tuvo un incremento semejante al de Morelia. En Uruapan el aumento fue aún mayor y en Lázaro Cárdenas, tampoco gobernado por el PRI y de todos conocido por el dominio templario, el incremento fue superior a tres veces.

La elección de 2011 es cosa juzgada. Fausto ganó. Lo significativo a partir de las revelaciones, evidencias y detención de Jesús Reyna es que el poder político se somete a los criminales desde el momento electoral. Lo ocurrido durante estos años con su violencia desbordada, que el hartazgo de la población haya llevado a aventuradas e inciertas acciones de autodefensa y que el gobierno federal haya tenido que emprender un programa emergente para el rescate de la entidad tienen explicación y origen, pero también solución: que las elecciones de 2015 den lugar, después de muchos años, a un gobierno estatal con legitimidad y, especialmente, sin vínculos con grupos criminales.

Si hay auto de formal prisión contra el operador político del gobernador, éste no solo deberá separarse del cargo, sino ser sujeto a investigación. Por lo pronto, quedaría evidente su responsabilidad política. No puede haber concesión alguna frente a un funcionario que emprende acuerdos con los jefes criminales, aún bajo pretensiones de gobernabilidad.

La dirigencia del PRI en la entidad debiera mantener mayor cuidado en la defensa del mandatario. Por mucho menos, aunque escandaloso, fue el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez, dirigente del PRI en el DF por señalamientos hasta hoy no probados de promover una red de prostitución. Michoacán convalida el argumento, no probado, de que en el pasado la violencia y la criminalidad se mantenían a raya por acuerdo del poder político con quienes encabezaban los grupos criminales. Lo que al PRI le corresponde y obliga es demandar una investigación exhaustiva sin prejuicios, pero sin privilegios o excepciones.

Como suele suceder en esos casos, no será la dinámica política local ni mucho menos el mandatario Vallejo los que determinen el curso de acción subsecuente. Esto vendrá de la presión social y del gobierno nacional. El inicio del proceso penal contra el número 2 en el estado necesariamente implica al 1. Al señalado se le acusa de un delito mayor, sumamente grave, que compromete la integridad de las instituciones y que reafirma el prejuicio de que la escalada criminal ocurre no tanto por negligencia o incompetencia de las autoridades, sino por su involucramiento con los jefes delincuentes.

Todo lo conocido en fechas recientes apunta hacia la responsabilidad penal del detenido. En el mejor de los casos lo que se escucha es el disparate de que actuó en aras de salvaguardar al estado de una mayor violencia. Lo que está de por medio en Michoacán no es el PRI, tampoco la estrategia del gobierno federal, es la oportunidad singular para hacer realidad una medida ejemplar de sancionar con severidad el sometimiento de los políticos al poder de los criminales.