Hoy, a las 9 horas, ocurrirá la ceremonia oficial para efectuar el relevo del Comandante de la 34 Zona Militar, Anastasio García Rodríguez, quien el 23 de octubre pasado saltó al centro de la controversia al declarar que gran parte de la policía municipal de Cancún estaba al servicio del crimen organizado.

 

Desde el paso huracanado del general Sergio Aponte Polito no habíamos tenido en Quintana Roo a un mando castrense que atizara a ese extremo el panal de abejas africanizadas, sobre todo cuando la sensibilidad política está a flor de piel, rumbo a los comicios inminentes.

 

Aseguró que el grado de penetración del crimen organizado en la policía municipal de ese polo turístico ha obligado al Ejército a actuar por su cuenta en Cancún, para que no se filtre información sobre los operativos.

 

El general dijo que hay en Quintana Roo evidencias de la presencia de Los Zetas y del Cártel del Golfo, pero no hay indicios de la presencia de otros cárteles.

 

Como era de esperarse, el alcalde perredista de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña,  reaccionó de inmediato y fijó su postura, entrevistándose con el titular de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván. 

 

Ese mismo día, el gobernador Roberto Borge le dio en Chetumal un espaldarazo al comandante Anastasio García Rodríguez, quien tuvo un desempeño destacado sin lugar a dudas.

 

La bomba política fue desactivada pronto, pero es necesario ir a fondo en la investigación sobre el contubernio de las policías municipales con la delincuencia organizada, más allá de Cancún.

 

La fortaleza de la 34 Zona Militar es clave, ya que la delegación de la PGR mantiene una presencia simbólica, ahuyentada por la fortaleza de los cabecillas de cárteles en la zona norte del estado. De hecho, la Procuraduría de Justicia del Estado ha llenado el vacío que ha dejado  a delegación de la PGR, cuya presencia en estas condiciones ya no tiene razón de ser.

 

Y ya en el terreno de las delegaciones federales, más de un titular no debe abrigar muchas esperanzas de mantenerse en la nómina, de entrada por sus mediocres resultados. 

 

La efectividad no es garantía de continuidad, ya que predominan criterios políticos que explican tales relevos en delegaciones cuyo titular ha entregado cuentas rescatables. Pero tales casos se pueden contar con los dedos de una mano, y sobran como tres dedos.

 

Contados panistas con capacidad están en la mira, y entre ellos podemos mencionar a Antonio Rico Lomelí, delegado de la Sagarpa. En otros casos, no merecen una sola lágrima por su partida.

 

La incógnita es planteada por Adriana Velázquez Morlet, quien ha batido récord de permanencia al frente del Centro INAH, ya que ocupa esa posición desde que Mario Villanueva Madrid estaba en la gubernatura.