Mucha información se ha generado en los últimos, días referentes a tres temas principalmente; 7 meses se cumplieron de la agresión y desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, por parte de autoridades del lugar y que han mantenido el foco de la atención pública internacional, aunado a esto, y en un golpe a la PGR, así como a los padres de los desaparecidos y en general a quienes nos indigna que estas cosas sucedan en nuestro país, el pasado 24 de abril, el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito de Toluca, en el Estado de México, revocó el auto de formal prisión contra María de los Ángeles Pineda Villa, una de las piezas claves de los hechos ocurridos en Iguala y quien la autoridad judicial, señaló como una de las autoras intelectuales de dicha agresión, ocurrida en septiembre del año pasado. 

No es raro que con estos casos, la sociedad continúe sin creer en el sistema de justicia en este país, ya que, si estos casos que son de un gran impacto, no se pueden resolver por que están llenos de fallas, imagine los casos que competen a otros ámbitos, que no sean del orden penal, que son lo que ocupan el grueso del trabajo de los juzgados en todo el territorio nacional.

Los resultados que presentó una de las instituciones más prestigiadas en materia de investigación y docencia, el CIDE, por encargo de la propia Presidencia de la República, para diagnosticar y emitir recomendaciones en torno al Estado de Derecho, lo dejan más que claro, la justicia y las instituciones que están para ello, no funcionan, por lo menos es lo que percibe la sociedad.

Lo dijo bien claro el Director del CIDE, Sergio López Ayllón, a quien tengo el gusto de conocer, “los mexicanos carecemos de los medios y condiciones para solucionar nuestros conflictos a través de las instituciones; los procesos son largos y onerosos, los servicios de representación jurídica inciertos y de mala calidad y las sentencias frecuentemente incomprensibles cuando no inejecutables, así el conflicto que dio origen a la intervención institucional permanece y peor aún se generan otros nuevos”. Es por ello que el CIDE, concluyó y entregó al Gobierno Federal, 217 recomendaciones para mejorar el sistema de justicia. Ante este realista y duro panorama, la Presidencia de la República, tuvo que reconocer que el sistema está rebasado, olvidado y rezagado; además de que como consecuencia de esto, la mayoría de los mexicanos, no acceden a las instituciones de justicia. 

Es grave tener este sistema que lo único que ha fomentado durante décadas, es un nivel de corrupción que duele, que lastima y que degrada a la sociedad en su conjunto. Ojalá que las recomendaciones del CIDE, sean verdaderamente tomadas en cuenta y se hagan las modificaciones pertinentes, para bien de todos, ya que el estado finalmente es el responsable de la impartición de la justicia.

¡Que la pluma  siga girando!